El juicio contra 196 personas por presunto peculado en el proceso de compensación de buses tipo “diablos rojos” comenzó este lunes 3 de junio, y la Fiscalía Anticorrupción ha prometido presentar pruebas contundentes de los malos manejos que resultaron en una lesión patrimonial de $24 millones al Estado.
Entre los procesados se encuentran exdirectores de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) como Jorge Ricardo Fábrega, Roberto Moreno, Juan Pablo Mora y Ventura Vega. Otros implicados incluyen al exjefe de compras del Programa de Ayuda Nacional (PAN), Abraham Williams, y dirigentes transportistas Esteban Rodríguez, Eduardo Álvarez y Tomasito López.
El juicio se lleva a cabo en el Centro de Formación y Recreación (CEFRE) de la Caja de Seguro Social, ubicado en Las Cumbres, debido al gran número de imputados. La Fiscalía, representada por los fiscales Edwin Juárez, Anilú Batista y Mahamad Daud Hasan, ha anunciado la presentación de pruebas testimoniales y documentales que vinculan a los acusados con el delito de peculado.
El fiscal Juárez explicó que el proceso de compensación de los “diablos rojos” para dar paso al sistema de Metro Bus fue aprovechado ilícitamente por transportistas y concesionarias del transporte público. Las irregularidades incluyen la participación de funcionarios de la ATTT, fiscalizadores de la Contraloría General de la República, propietarios de buses y otros particulares.
Las pruebas de la Fiscalía revelan que:
Algunos buses fueron compensados más de una vez.
Buses en condiciones de chatarra y que no prestaban servicio fueron compensados.
Buses traídos del interior del país, que no estaban inscritos para el servicio de transporte público, recibieron compensaciones.
Terceras personas falsificaron certificados de operación para recibir fondos, dejando a algunos propietarios de buses sin compensación.
Al inicio del juicio, la juez primera liquidadora de causas penales, Agueda Rentería, pidió a los imputados declarar su postura respecto a los cargos imputados, a lo que todos respondieron ser inocentes. A continuación, se inició la presentación de pruebas extraordinarias tanto por el Ministerio Público como por los abogados defensores. La juez también rechazó dos advertencias de inconstitucionalidad por considerarlas improcedentes.
La investigación comenzó en 2010, tras una denuncia presentada por el entonces ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu. La Fiscalía Anticorrupción ha trabajado desde entonces para desentrañar el entramado de irregularidades y corrupción que rodea el proceso de compensación de los “diablos rojos”.
Este caso no solo pone en evidencia posibles actos de corrupción a gran escala, sino que también subraya la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de fondos públicos. La expectativa es que el juicio revele la magnitud de los malos manejos y establezca responsabilidades claras, contribuyendo a fortalecer la integridad de las instituciones públicas en Panamá.
Información publicada en prensa.com por Juan Manuel Díaz
