La Fiscal Superior de la Fiscalía Anticorrupción Tania Sterling interpuso una acción de amparo de garantías constitucionales contra la fianza concedida por el Segundo Tribunal de Justicia a Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli vinculados a la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en el caso Odebrecht.
La acción es contra el auto de fianza N° 1 S.I, de 6 de marzo de 2020, del Segundo Tribunal de Justicia que fijó la cuantía en 2 millones de dólares para cada uno, que deberán consignar para no ser detenidos.
PUEDE LEER: Jefa de epidemiología de la CSS: ‘No podemos permitir que nuestros hospitales se saturen’
Le corresponde al magistrado Luis Ramón Fábrega resolver por reparto el recurso presentado por la fiscal Sterling y someterlo a la consideración del resto de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, contra la decisión que fue suscrita por los magistrados del Segundo Tribunal Superior, María De Lourdes Estrada Villar y José Hoo Justiniani.
La fiscal Sterling argumentó que la decisión del Segundo Tribunal viola de forma directa dos artículos de la Constitución Nacional el 20 y el 32. Para el Ministerio Público se han violado las normas del debido proceso porque las normas de procedimiento han cambiado y se tiene un Código Procesal Penal que exige motivación de las sentencias, lo que no se ha dado en fallo y eso rige para los dos sistemas.
El artículo 20 de la Constitución indica que tanto los panameños como los extranjeros somos iguales ante la ley y el 32 tiene que ver que nadie puede ser juzgado, sino por una autoridad competente y no más de una vez por la misma causa penal.
Sterling indicó que a pesar de que es un delito grave, el artículo 243 del Código Procesal Penal exige en cuanto a la fijación de la cuantía, una serie de elementos que se tienen que analizar y no han variado las situaciones previamente por las que el Segundo Tribunal había mantenido en más de tres años negando las fianzas de excarcelación porque no ha existido ninguna variante en la situación procesal de las personas, sin embargo este fallo cambia completamente la posición y pone una fianza de 2 millones de dólares.
La funcionaria indicó que en el amparo se manifiesta que la cuantía acreditada supera los 35 millones de dólares, por lo que ante esa situación al Ministerio Público no le queda claro cual fue el criterio que usó para que el el Segundo Tribunal impusiera la fianza de 2 millones de dólares.
La Fiscal explicó que en cuanto a la situación procesal de estas personas, ellos mantienen más casos y otra orden de detención por el caso Blue Apple, por lo que no es por esta fianza que van a salir, y por eso no entienden porque se varió el criterio, violentando el debido proceso y la igualdad de las partes.
Agregó que en el caso Blue Apple el expediente se encuentra en el tribunal a la espera de que se fije la fecha de audiencia.
En el fallo el tribunal le impuso a los hermanos Martinelli Linares, la medida cautelar de impedimento de salida del país, la que se hará efectiva una vez se consigne la fianza.
PUEDE LEER: Meduca termina guías de bioseguridad para el retorno a clases
En la resolución de 6 de marzo de 2020, el Segundo Tribunal revocó un fallo del Juzgado Duodécimo Penal de Panamá, que negó una solicitud de fianza de ex carcelación a los hijos del expresidente Martinelli.
En la resolución los magistrados consideraron que no existe peligro de fuga, ya que los imputados no se encuentran en suelo patrio, y al contrario, están solicitando ser beneficiados con la fianza para someterse a los rigores del proceso, pero garantizando su libertad ambulatoria.
El Segundo Tribunal indicó que tampoco hay peligro de destrucción de medios probatorios, y que los mismos son ciudadanos panameños; mantienen arraigo en la República de Panamá y que no hay evidencia de que una vez consignen la fianza puedan poner en riesgo los demás elementos de la investigación que data del año 2017, por supuestos pagos de sobornos y coimas por parte de la empresa Odebrecht, a funcionarios públicos, con el objetivo de que el Estado firmara contratos con la empresa.