Fiscal de Ambiente habla de avances y los pendientes

Una Sola Tierra es la campaña del Día Mundial del Medio Ambiente 2022, celebrado recientemente y que este año busca concientizar sobre el cambio climático, pérdida de hábitats y contaminación. Pero, ¿cómo está Panamá en la protección de sus recursos? El Preguntón consultó a la fiscal superior de Ambiente, Fátima Sánchez Marciaga, quien nos ilustró.

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A su consideración, ¿cuáles serían los beneficios Ley (41) General de Ambiente.

“Crea la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), ahora Ministerio de Ambiente. Con ella se estableció el Sistema Interinstitucional del Ambiente (SIA), integrado por las Unidades Ambientales Sectoriales (UAS) de todas las instituciones del Estado. Se establecen los procedimientos de denuncias administrativas, entre otras. Y con ella la creación de la Fiscalía Superior de Ambiente y Juzgado Especiales Ambientales. Además, se pasa de un plano administrativo (Sala Tercera de la CSJ) hacia la jurisdicción civil y penal. Así también, la ley prevé un régimen de triple responsabilidad ambiental excluyente entre sí, en materia administrativa, civil y penal, por daños al ambiente, por lo que una persona puede ser encontrada responsable en cualquiera de estas tres esferas o en todas por un mismo hecho”.

De la legislación, ¿qué cosas podrían mejorarse?

“Se requiere nuevas normas o actualizar las vigentes, ya que si bien es cierto que el Estado ha hecho ingentes esfuerzos para mejorar, no puede ser posible que el agua esté amparada en un Decreto de 1966 o la salud con un Código de 1947. Todavía hace falta reglamentar una pluralidad de materias previstas en la Ley General de Ambiente; unificar en un solo texto, son aspectos que deben ir al debate. También está pendiente la instalación de jueces especializados ambientales y un tribunal administrativo”.

¿Cuáles delitos son los que más atienden y dónde?

“Están los delitos contra los recursos naturales, la vida silvestre y en perjuicio de animales domésticos. Otro delito que ha aumentado es el de ordenamiento territorial o la tramitación y cumplimiento urbanístico como incumplimiento de estudios de impactos ambientales. Debo decir que muchas promotoras y las personas ya están colocando sus denuncias, nosotros también investigamos de oficio. Mientras que el área metropolitana, Panamá Norte, Panamá Este, Darién, Chiriquí y Bocas del Toro son las regiones donde más denuncias se dan”.

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¿Qué retos encontró una vez quedó a cargo de la Fiscalía de Ambiente?

“La falta de recurso humano, la complejidad de los delitos que investigamos por todo lo que abarca y con normas penales en blanco. Es decir, esa norma técnica o administrativa que va a complementar la conducta ilícita tipificada”.

Hay quienes consideran que las penas deberían ser más severas, ¿qué piensa?

“Las sanciones penales que tenemos actualmente son bajas, la criminalidad va en aumento y el daño ambiental es irreparable. Es por ello la importancia de actualizar la normativa. Recordemos que los delitos nacen en 2005, se introducen en el Código Penal en 2007, se han hecho modificaciones y se había adelantado el proyecto de ley 516 que regresó a primer debate”.

“Las sanciones penales que tenemos actualmente son bajas, la criminalidad va en aumento y el daño ambiental es irreparable. Es por ello la importancia de actualizar la normativa. Recordemos que los delitos nacen en 2005, se introducen en el Código Penal en 2007, se han hecho modificaciones y se había adelantado el proyecto de ley 516 que regresó a primer debate”.

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Panamá es un país vasto en recursos naturales, pero con poca fiscalización.

“No es hablar de poca fiscalización. Considero que debemos reforzar las instituciones cuyo deber es la protección del ambiente. A pesar de los obstáculos que afrontamos en la investigación de estos delitos, hemos logrado avanzar con respecto a la coordinación interinstitucional, desde el Ministerio de Ambiente, DIJ con su División de Ambiente, la Policía, los peritos de Medicina Legal, etcétera”.

Dicha coordinación es vital en la persecución del delito.

“La prueba ambiental tiene características complejas y científicas, es irrepetible. Dependemos de la correcta recolección y del personal idóneo. El desafío es la falta de recursos, la Fiscalía no cuenta con técnicos y científicos para ello, taxónomos, geólogos, biólogos marinos, veterinarios, forenses y otros especialistas. Sin embargo, nos apoyamos con otras instituciones, pero te doy ejemplo: en una investigación por ruido dependemos del Ministerio de Salud, que cuenta con un decreto que lo regula y solo ellos cuentan con el aparato que lo mide. Otro ejemplo es la contaminación del aire, Panamá no tiene el equipo o las herramientas para llevar una investigación”.

¿Cuántas condenas se han logrado?

“En 2019 se dieron 34 sentencias, para el 2020 fueron 52 procesados con 7 acuerdos de pena, en 2021 se dieron 128 imputaciones con 45 sentencias; y hasta mayo del 2022, la cifra es de 39 imputados y 21 condenas. Actualmente se tiene programado un juicio oral a 18 personas por minería ilegal en Darién. Paralelo con esta investigación, cuatro juicios por blanqueo de capitales derivados de estas conductas”.