Gremios de funcionarios han denunciado que ministros, directores y asesores del gobierno saliente, que culmina su mandato esta semana, recibirán prestaciones pagadas, incluyendo millonarias indemnizaciones para directivos de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa).
Augusto Berrocal, asesor legal de la Federación Nacional de Asociaciones y Organizaciones de Empleados Públicos (Fenasep), manifestó que las indemnizaciones derivadas de mutuos acuerdos para miembros de la junta directiva de Etesa son inadecuadas y reflejan una mala administración de los recursos públicos.
“No comprendemos por qué el Estado panameño acepta ese tipo de situaciones, cuando no es lo correcto. En derecho, en una negociación de mutuo acuerdo no se habla nunca de indemnización,” afirmó Berrocal. Según él, estas acciones sugieren un trato preferencial para ciertos trabajadores mientras otros esperan pagos por despidos injustificados.
Etesa emitió un comunicado defendiendo las indemnizaciones aprobadas para su gerente general, subgerente y varios directores, alegando que están respaldadas por la ley y fueron autorizadas por la junta directiva. La empresa afirmó que los trabajadores tienen el derecho de suscribir estos acuerdos, como se ha hecho en administraciones anteriores.
Carlos Mosquera Castillo, gerente general de Etesa, firmó un mutuo acuerdo por $249,196.56, el cual fue aprobado por la junta directiva. Según Etesa, la terminación de la relación laboral fue de común acuerdo debido a la necesidad urgente de Mosquera Castillo de someterse a una intervención quirúrgica.
Entre los acuerdos suscritos, se destacan los siguientes:
Óscar Rendoll, subgerente general: $306,615.58
Daniel Castilla, gerente de Compras: $77,095.37
Pablo Castrejón, director de Finanzas: $116,577.53
Ramón Palacios, director de Asesoría Legal: $119,366.94
Zorina Carles, directora de Servicios Corporativos: $91,068.11
Berrocal señaló que estos pagos millonarios contrastan con la situación de muchos otros funcionarios que esperan la liquidación de salarios caídos por despidos injustificados. La Fenasep y otras organizaciones de la sociedad civil han exigido mayor transparencia y responsabilidad en la administración de los recursos públicos, subrayando que la ciudadanía merece una gestión más justa y equitativa de los fondos estatales.
La polémica sobre las indemnizaciones de Etesa resalta la necesidad de una revisión exhaustiva de las políticas y prácticas de compensación en el sector público, para garantizar que se apliquen de manera justa y equitativa para todos los empleados, independientemente de su posición o nivel de influencia.
