La empresa española FCC reclama a la Caja de Seguro Social (CSS) el pago de 65 millones de dólares por retrasos en la construcción de un complejo hospitalario, una obra de más de 554 millones de dólares que debió entregarse en 2015 y aún no está concluida.
Se trata del proyecto conocido como Ciudad de la Salud o Ciudad Hospitalaria, licitado en el Gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) para ser entregado en julio de 2015, pero una serie de irregularidades detectadas en el proyecto durante la administración de Juan Carlos Varela (2014-2019) retrasaron su construcción.
Se espera que la obra, un conjunto de edificios diseñados originalmente para albergar 43 quirófanos, mil 235 camas y consultorios para diversas especialidades médicas, esté listo a finales de este año o inicios de 2022, según anunció en febrero pasado la CSS.
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FCC interpuso el reclamo contra la CSS, ente estatal que contrató por 49 mil 305 dólares a una consultoría para estudiar el caso.
La constructora española aduce una “permanencia extendida”, desde el 15 de junio de 2015 hasta diciembre de 2019, en la construcción del complejo hospitalario.
“Este proyecto se inició hace ocho años y aún no se ha podido terminar debido a que se han presentado una serie de contratiempos que han desencadenado en distintas reclamaciones que deben ser solucionadas en el menor tiempo posible para evitar el deterioro de las estructuras existentes por el largo periodo de construcción”, explicó la CSS en un informe.
FCC es investigada en Panamá desde abril de 2017 por el pago de supuestos sobornos y sobrecostos por más de 100 millones de dólares en proyectos del Plan para el Reordenamiento Vial de la Ciudad de Panamá, un caso por el que hay imputadas 14 personas por delitos de peculado y corrupción, y blanqueo de capitales.
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En diciembre pasado, un juzgado panameño otorgó a la Fiscalía un año más para que amplíe esta investigación a FCC, y la instrucción que tienen los fiscales Anticorrupción “es que traten de meterle el mayor dinamismo, la mayor celeridad” al caso, explicó a Efe en enero pasado el fiscal general de Panamá, Eduardo Ulloa.
La constructora española, controlada por el magnate mexicano Carlos Slim desde 2016, también es investigada en España por el pago de sobornos para obtener los contratos del Metro (de Panamá), que construyó junto a Odebrecht, y de la ciudad hospitalaria.
FCC ya ha comparecido ante la Audiencia Nacional y explicado detalles sobre el pago, a través de facturas simuladas, de 82 millones de dólares en comisiones para esos contratos públicos y por las que está siendo investigada por corrupción y blanqueo.
De acuerdo con información española, a finales de mayo de 2019 FCC presentó dos escritos ante la Fiscalía en los que denunciaba los acuerdos comerciales suscritos por sus filiales con un entramado de sociedades del abogado español-panameño Mauricio Cort, señalado como un supuesto testaferro del expresidente Martinelli.
Esta estrategia “encubrió acuerdos para abonar pagos por presuntas corrupciones, para asegurarse la adjudicación de importantes contratos de infraestructura que se licitaban por los Gobiernos de Panamá, Salvador, Costa Rica y Nicaragua”, cita textualmente el auto de imputación español.
