La existencia de una legislación de extinción de dominio en América Latina para atacar directamente los bienes de origen ilícito o las denominadas “riquezas del narcotráfico”, fue calificada de positiva por expertos de varios países, reunidos en Panamá como parte de un diálogo de seguridad en la región.
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Países como Colombia, Bolivia, Guatemala y México, entre otros, han enfocado sus esfuerzos en la persecución de toda clase de activos, cuya producción y destino no están claramente justificados porque representa un ataque directo al músculo financiero de las organizaciones criminales.
El ministro de Seguridad Pública Juan Manuel Pino, manifestó que la propuesta panameña está encaminada a fortalecer la persecución criminal, resarcir el daño a la sociedad y debilitar el músculo financiero de los grupos criminales.
“El proyecto de Ley 625, sobre extinción de dominio, reúne las mejores prácticas de países como Colombia, El Salvador y Honduras, cuyos resultados fueron constatados quitándole estos dineros, además de resarcir el daño que causan a la sociedad, mediante obras de desarrollo social y programas de prevención” declaró Pino.
En Guatemala, la ley de extinción de dominio ha sido fundamental en el combate contra las organizaciones criminales y narcotraficantes.
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Ángela Figueroa, secretaria general adjunta de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio de Guatemala, reiteró que uno de los éxitos de esta normativa, aprobada en su país en el año 2011, ha sido el que bienes de comprobada procedencia ilícita retribuya en el fortalecimiento de las instituciones que trabajan en la extinción de dominio.
“Las mayores incautaciones logradas a través de la ley de extinción de dominio en Guatemala, consisten en bienes inmuebles, vehículos y dinero. Hemos atacado las estructuras criminales con una herramienta legal efectiva”, destacó Figueroa.
Mediante dicha ley, se ha logrado confiscar bienes de procedencia ilícita a altos funcionarios guatemaltecos, incluyendo a la ex vicepresidenta, Roxana Baldetti.
“Todos estos bienes pasaron a manos del Estado, los cuales pasaron a manos de la Secretaría Nacional de Extinción de Bienes de Extinción de Dominio para su administración”, arguyó Figueroa.
En la República Argentina, fue creado mediante decreto un régimen procesal de la acción civil de Extinción de Dominio. Una ley de Extinción de Dominio, es decir, un marco legal más amplio y riguroso, está en el pleno del senado argentino.
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De acuerdo con Silvia Giacoppo, senadora perteneciente a la Cámara Alta del Senado de la Argentina, el proyecto está “en proceso de aprobación total” en esta instancia legislativa. Giacoppo, quien además es la actual secretaria alterna de Comisiones del Parlamento Latinoamericano, expresó que la ley de extinción de dominio “es un instrumento que le ha de permitir al Estado argentino recuperar la propiedad de bienes derivados de delitos graves, adquiridos de forma ilícita”.
La Senadora informó que esta ley representa “una acción sumarísima”, y además, en el caso argentino, se libera al Estado del mantenimiento de estos bienes de procedencia ilícita, mediante subasta pública, evitando que estos bienes dejen de ser útiles por el deterioro, y se logre una acción reparadora en favor de la sociedad.
Colombia por su parte fue el primer país en el mundo que incorporó a su ordenamiento jurídico una ley de extinción de dominio, como un método para combatir los capitales derivados de los ilícitos del narcotráfico y en el marco del conflicto armado que vivía ese país.
Hoy, esta norma fue el ejemplo tomado por al menos diez países, que la han adoptado para combatir las organizaciones criminales en su médula: sus formas de financiamiento, sobre bienes adquiridos como consecuencia patrimonial de actividades ilícitas o que deterioran gravemente la moral social.
La forma en que las organizaciones criminales tratan de blanquear sus capitales ilícitos es parte de las pesquisas que realiza la Policía Económica Financiera de la Fiscalía General Nacional de Colombia, cuya directora, Ana Linda Solano, explicó que cuando se enfrenta la delincuencia organizada transnacional, hay que pensar en una estrategia integral en la que se persigan las finanzas de esos criminales.
En Colombia, hay múltiples casos de la aplicación exitosa de la Ley de Extinción de Dominio. “La ley ha sido fundamental para perseguir las fortunas de los criminales en el país, que lleva muchos años de conflicto armado y que ha padecido las consecuencias del narcotráfico, el paramilitarismo y el despojo de tierras, entre otros conflictos sociales”, señaló la experta.
Por lo que la extinción de dominio es una figura “absolutamente esencial”, y una “herramienta fundamental para desarticular y descapitalizar a las organizaciones criminales que explotan distintas economías ilícitas”, indicó Solano.
“Es el motor y la gasolina que les permite operar, crecer y desarrollarse. Ellos quieren pasar por legítimos dineros mal habidos. Ese dinero les permite mover sus cargas ilícitas, reclutar y contratar personas, comprar insumos y fomentar la corrupción”, dijo Solano ante la necesidad imprescindible destruir su financiamiento.
Ana Linda Solano instó a Panamá a adoptar una Ley de Extinción de Dominio, dentro del contexto que le corresponda como país. “Creo que es una herramienta fundamental para perseguir y combatir el crimen organizado, para destruir sus finanzas y evitar que crezcan. Por supuesto, es importante adoptar una ley así”, concluyó.
