Transparencia Internacional (TI) Capítulo de Panamá le exige al gobierno tomar medidas extraordinarias contra la corrupción en medio de la pandemia del coronavirus que ha cobrado la vida de 95 personas en Panamá.
Para ello, le propone tomar cuatro medidas básicas:
1. Contar con información centralizada con máxima transparencia en toda la ejecución presupuestaria.
2. Que no permita los monopolios ni las especulaciones en los precios.
3. Auditorías en tiempo real por la Contraloría General de la República y disuación anticorrupción.
4. Rendición de cuentas y canales de denuncias tal como se hace para denunciar la violencia doméstica.
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De acuerdo con TI el Gobierno Nacional bajo el Estado de Emergencia declarado en marzo y citando la Ley de Contrataciones Públicas, mediante la Resolución de Gabinete No.18 del 31 de marzo de 2020, se estableció la suma total autorizada para las contrataciones directas en 427 millones de dólares, realizables en 180 días.
Adicionalmente, se suma la inyección del flujo adquirido con la ayuda a la banca de US$1,200 millones, la venta de bonos estatales en el mercado internacional por US$1,500 millones la última semana de marzo, la autorización del uso del fondo de ahorro nacional de US$1,000 millones y cuantiosas donaciones internacionales y nacionales.
Frente a la magnitud y naturaleza del uso de estos fondos públicos —precisamente por la excepción de controles y el reto de atender con efectividad las necesidades creadas por la crisis, dados los niveles de desigualdad e informalidad económica que caracterizan a nuestra población— se abren riesgos severos de corrupción y oportunismo en el uso de los recursos, entre otros: colusión de intereses económicos, abusos de precios, politización de la entrega de recursos, con consecuencias sociales, de salud y económicas aún más nefastas.
Por ello, las medidas sugeridas por TI son necesarias como la que el Gobierno está generando diariamente sobre la emergencia del COVID-19 en nuestro país, a través de distintos medios, dando el ejemplo con decisiones médicas y sanitarias basadas en criterios científicos, aplicables en igualdad para todos los residentes del país, generando confianza en la población en relación al manejo sanitario de la crisis y las medidas de contención social.
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