La tensión aumenta en Arraiján, donde exfuncionarios de la Alcaldía y juntas comunales han cerrado la vía frente a la sede municipal, exigiendo el pago de sus quincenas y demás prestaciones que les fueron negadas tras su destitución. Esta protesta es la más reciente de una serie de manifestaciones que reflejan el descontento de los trabajadores despedidos en diferentes municipios del país.
El pasado mes de julio, más de 50 exfuncionarios se tomaron el Concejo Municipal de Arraiján en un intento de presionar a las autoridades para que les paguen sus salarios de julio y las prestaciones correspondientes. Según los manifestantes, la alcaldesa Stefany Peñalba ha desacreditado a los exfuncionarios en los medios de comunicación, acusándolos de ser “botellas”, afirmación que rechazan rotundamente. “Cumplíamos con nuestros horarios laborales y exigimos que se nos pague lo que se nos debe”, comentaron algunos de los afectados.
Por su parte, la alcaldesa Peñalba ha defendido las 150 destituciones que realizó, asegurando que estas medidas han significado un ahorro de aproximadamente 90 mil dólares para la alcaldía, y que fueron ejecutadas de acuerdo con la ley. No obstante, también afirmó que consultará con recursos humanos para esclarecer la situación y se comprometió a hacer los pagos pendientes una vez se registren las firmas necesarias.
La situación en Arraiján no es aislada. En otros municipios, como San Miguelito, también se han registrado protestas similares desde el cambio de gobierno. Según Augusto Berrocal, asesor legal de la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep), los despidos masivos son una práctica común en cada cambio de administración, y actualmente se estima que más de 10,000 empleados públicos han sido afectados a nivel nacional.
