Este jueves 18 de febrero, la ministra de Desarrollo Social (Mides), María Inés Castillo, acudió al Ministerio Público (MP) para presentar una denuncia formal sobre el caso de abusos en los albergues del país.
Acompañada del abogado Luis Carlos Cabeza, Castillo manifestó que la entidad se constituye en querellante en este proceso y que se busca el castigo de todos los responsables en este caso.
La titular del Mides indicó que otra de las acciones que será ejecutada por la entidad es el levantamiento de una rigurosa auditoría de los subsidios que destina el Estado para ONG’s o fundaciones que administran albergues, que será presentada en un tiempo perentorio y que determinará si el beneficio está llegando al grupo más vulnerable de la sociedad, para el que es asignado.
“Hoy, como lo hicimos en julio del 2020 que presentamos denuncias, venimos con nuestros abogados por instrucciones del señor Presidente a constituirnos en querellantes en este proceso, más que el tema legal, nosotros estamos preocupados y sentimos la preocupación del pueblo panameño y vamos a seguir trabajando en la protección de nuestros niños, pero también queremos que se castigue a todos los responsables en este tema”, afirmó Castillo.
Al ser cuestionada por el hecho de convertirse en querellante, siendo la presidenta de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (Senniaf), ente que tiene bajo su responsabilidad los albergues, la ministra optó por no contestar y dejar en manos de los abogados la respuesta a este cuestionamiento.
Cabezas reaccionó de inmediato y señaló que la ministra solo venía a presentar la querella, ya que era el interés del Ejecutivo y como presidenta de la Junta Directiva del Senniaf no puede ser parte investigadora.
El abogado además, reiteró que Castillo llegó a presentar la querella para que se investigue hasta las últimas consecuencias y que la ministra no tiene porqué renunciar.
LEA TAMBIÉN: Senniaf cierra ocho albergues por incumplimientos
El miércoles, en la primera ocasión que se refirió al tema desde que estalló el escándalo la semana pasada, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, pidió que sean castigados con el “máximo rigor” los responsables de abusos a menores en albergues, en medio del escándalo desatado por un informe que llevó a cabo la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Familia de la Asamblea Nacional (AN) que documentó esos vejámenes.
“Los autores responsables de los delitos cometidos contra los derechos de las niñas, los niños y adolescentes deben ser castigados con el máximo rigor de la ley, sin contemplaciones”, expresó Cortizo.
Acompañado de la primera dama, Jazmín de Cortizo, el mandatario dio un plazo de 15 días al Mides para que presente un proyecto de ley que aumente las sanciones por abuso sexual a menores, y prometió recursos al Órgano Judicial para que procese con celeridad los casos sobre violación de los derechos de los niños.
“Pueblo panameño, la primera dama y yo compartimos el dolor y la indignación general provocados por el reciente conocimiento de situaciones que lesionan los derechos fundamentales de menores de edad en nuestro país”, sostuvo Cortizo.