El 3 de octubre de 1989 un grupo de miembros de las extintas Fuerzas de Defensa intentó derrocar al dictador Manuel Antonio Noriega, tomándose el cuartel central, localizado en El Chorrillo, pero no recibieron el apoyo esperado y posteriormente fueron asesinados cruelmente.
Según publicaciones de La Prensa en el 2018 a raíz de este movimiento, siete uniformados murieron en un hangar en Albrook a manos de militares afectos a Noriega; dos fueron asesinados en el cuartel central; uno, en la cárcel Modelo; y el líder del operativo, Moisés Giroldi, en el cuartel de Tinajitas en San Miguelito.
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La defectuosa justicia panameña consiguió en 1996 condenas para algunos de los involucrados—entre ellos, el propio Noriega—aunque, a esas alturas, varios de los condenados ya habían escapado del país. Peor aún, los pobres resultados obtenidos en el proceso judicial fueron desvirtuados por esfuerzos desde otras esferas por torcer la magra justicia alcanzada.
El expresidente Ernesto Pérez Balladares, en el penúltimo día de su mandato indultó a uno de los condenados (Gonzalo González Rivera), así como a otros delincuentes de la dictadura, a través del Decreto Ejecutivo #201 del 30 de agosto de 1999. Se procedió de esta manera a pesar de que la Constitución Política (Art. 184) solo le permite al presidente de la República otorgar indultos por delitos políticos, nunca, por causas penales, como el asesinato.
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Los familiares de los militares anunciaron que mañana miércoles 3 de octubre realizarán una misa en la iglesia de Lourdes en Carrasquilla a las 10:00 a.m. y posteriormente pasarán al monolito en homenaje a los caídos a colocar ofrendas florales. Susana Ortega, hija de Ismael Ortega, quien fue una de las víctimas, manifestó que esos 11 militares murieron creyendo que no habían logrado sus intensiones, pero hoy en día Panamá goza de una democracia.