Tras todo el escándalo que se ha generado por una supuesta irregularidad en la compra de 100 equipos de ventiladores ALLIED 300, para pacientes afectados por el COVID 19, la Fiscalía Anticorrupción confirmó que inició una investigación de oficio por la presunta comisión del delito Contra la Administración Pública.
Explicó que la decisión se tomó luego de publicaciones al respecto realizadas en diversos medios de comunicación social, donde se advierte de una posible afectación al patrimonio del Estado.
De acuerdo a la información publicada, el monto total de la compra sería por el orden de B/ 5.2 millones de balboas.
Dentro de los actos de investigación, el Ministerio Público explica que ha solicitado información a otras instituciones para conocer los detalles sobre el proceso de contratación, la empresa involucrada y los funcionarios a cargo de dicha compra.
Manifestó que la investigación se realiza con base al Título X Capítulo I del Código Penal que regula las Diferentes Formas de Peculado.
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Pero el Ministerio Público no fue el único que reaccionó. La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Antai, manifestó que pedirá un informe al respecto a la Presidencia de la República.
ANTAI pedirá un informe explicativo a @presidenciapma ante posible compra de cien respiradores a un costo de 48,000 dólares cada uno. #PorUnPanamáTransparente
— ANTAI (@ANTAI_Panama) April 25, 2020
Por su parte, la Contraloría General de la República emitió un comunicado en el que asegura que solo pagará ventiladores artificiales a precio justo y razonable.
El contralor Gerardo Solís informó que la intención de compra de los 100 ventiladores AHP-300 por aproximadamente 5 millones de dólares, no ha llegado aún para refrendo, pero aseguró que el proceso se auditará con la asistencia de las máximas autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y el orden en el país de origen, incluyendo el costo de producción y de venta de esos ventiladores y los mecanismos de exportación, para garantizar a Panamá que solo se pague un precio justo y razonable.
Dijo que comprende que se intente pagar una prima por entrega inmediata, en virtud de la urgencia global a la que Panamá no escapa, pero por encima de las circunstancias y cumpliendo a cabalidad con su misión de fiscalizar, esa prima también será debidamente auditada para garantizar que no sea excesiva ni abusiva.
“La Contraloría comprende la urgencia de garantizar los ventiladores artificiales a pacientes en estado crítico, sin embargo, por la misión que compete a la Contraloría General de la República estamos convencidos de que entre, mejor se gestionen los fondos durante esta pandemia, el Órgano Ejecutivo podrá llevar soluciones a más panameños necesitados”.
Finalmente reiteró que ni siquiera una situación de emergencia exime de la responsabilidad de salvaguardar con transparencia el buen uso de los bienes y recursos del Estado.
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