El capítulo 2 del Título VII de la Constitución Nacional referente a la administración de justicia, específicamente al Ministerio Público, establece en el artículo 221 que el procurador general de la Nación será nombrados por un periodo de 10 años.
Sin embargo, desde 1990 cuando se instauró la democracia en el país, solo un procurador, José Luis Sosa, ha completado íntegramente su mandato.
Con el anuncio ayer de la renuncia de la procuradora Kenia Isolda Porcell, a partir del próximo 1 de enero, se alarga la racha de jefes del Ministerio Público que no completan sus mandatos en medio de escándalos.
Turbulento desde el comienzo
Con el retorno de la democracia al país tras la invasión militar del 20 de diciembre de 1989, el abogado Rogelio Cruz asumió como procurador de la Nación. El objetivo de quienes promovieron su designación en ese entonces era que investigara los graves delitos cometidos durante la dictadura militar, sobre todo en los últimos años.
Sin embargo, Cruz solo duró en la posición dos años, cuando fue separado en medio de una investigación tras liberar decenas de millones de dólares de una cuenta bancaria de narcotraficantes.
El reconocido abogado también enfrentó un ambiente hostil con altos funcionarios de la administración de la época.
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Con Cruz fuera, el presidente Guillermo Endara designó en el cargo en el año 1992 a Jorge Ramón Valdés, quien completó la posición hasta el año 1994.
Completó su periodo
Electo presidente en mayo de 1994, el perredista Ernesto Pérez Balladares designó como procurador al exlegislador demócrata cristiano José Antonio Sosa, quien hasta hoy es conocido como el único jefe del Ministerio Público que ha desempeñado el cargo en el periodo comprendido por ley.
Ello no libró a este exfuncionario de tener una gestión bastante opaca y adversa al reclamo de transparencia y lucha contra la corrupción de muchos sectores de la sociedad civil de la época.
El del Cemis, uno de los más grandes escándalos de supuesta corrupción política de los últimos tiempos, se produjo en esta gestión sin resultados favorables.
Corte hace el mandado
En el 2004 le corresponde a otro perredista designar a un procurador, y es así como Martín Torrijos se decanta por Ana Matilde Gómez quien, tras una acusación por interceptación telefónica sin autorización de la Corte, es juzgada en esta instancia y condenada, por lo que se le separa en febrero del 2010 bajo la administración de gobierno de Ricardo Martinelli.
A Gómez, quien siempre ha señalado directamente a Martinelli como el orquestador de su juzgamiento, condena y destitución, le sucedería en la jefatura del Ministerio Público, como suplente, Giuseppe Bonissi, quien solo estaría 10 meses en el cargo, cuando un escándalo por supuestos actos de corrupción tras la liberación de varios narcotraficantes le costó el puesto.
El ungido del Loco
A finales de diciembre del 2010, el Consejo de Gabinete presidido por Ricardo Martinelli nombraría a José Ayú Prado como procurador de la Nación, celebre en esos tiempos por haber llevado la investigación en contra del expresidente Pérez Balladares en el recordado caso de las tragamonedas.
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Ayú Prado, fiscal de carrera y conocedor de los vericuetos del Ministerio Público, haría méritos desde esa posición para ser considerado posteriormente para una magistratura de la Corte, a la que accedió a partir de enero del 2013 hasta la fecha.
En su reemplazo, Martinelli (el presidente que más procuradores ha nombrado) designaría a la exfiscal Ana Belfón, que regentó la entidad hasta el 31 de diciembre del 2014 cumpliendo el periodo, fecha luego de la cual fue sustituida por Porcell.
Y como quiera que el próximo procurador de la Nación que designe el mandatario Nito Cortizo para asumir el 1 de enero solo completará los cinco años restante de Kenia Isolda Porcell, su sumará a la lista de jefes del Ministerio Público que no ejercieron el cargo los 10 años que mandata la Constitución.