Al paso que vamos mucho de lo actuado por el Gobierno para dar cumplimiento a las demandas ciudadanas de medicinas y alimentos más baratos podrían terminar mal.
Y es que al recurso legal que ya interpusieron propietarios de farmacias para que se suspenda el decreto que ordena un 30% de descuentos a los medicamentos, se suma la demanda de inconstitucionalidad presentada por el gremio empresarial para frenar la medida que establece márgenes de comercialización bruta de ciertos productos importados.
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Ambas acciones se habían advertido por la dinámica que tomó el llamado diálogo nacional surgido a raíz de las protestas ciudadanas, donde hasta la fecha múltiples sectores con mucho que opinar y contribuir han sido literalmente marginados.
Tomar decisiones que involucran a estos grupos, pero ignorarlos de su discusión es un gran error que no se debió permitir, ya que a mediano o largo plazo podría dar al traste con todo el esfuerzo que se ha hecho para discutir complejos problemas nacionales.
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