El juicio de Odebrecht en modo pausa: ¿Justicia o estrategia?

El escándalo de corrupción más sonado en la historia reciente de Panamá, el caso Odebrecht, da otro “giro inesperado… o quizás esperado”. Este lunes, la jueza Baloisa Marquínez reprogramó el juicio, inicialmente previsto para el 20 de enero, para comenzar el 11 de noviembre de 2025, con fechas alternas extendidas hasta febrero de 2026. ¿El motivo? La falta de respuesta a nueve solicitudes de asistencia judicial enviadas a Brasil y Perú. Mientras el reloj sigue corriendo, la justicia parece estar en pausa en uno de los casos más polémicos del país.

Con 26 imputados, entre ellos los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, junto con diputados, empresarios y ministros, este caso busca desentrañar una red de sobornos que operó como un engranaje perfecto. Al menos $59 millones en coimas circulares para asegurar contratos multimillonarios de infraestructura. Pero, como en otros casos emblemáticos, la defensa aprovecha los vacíos legales y la lentitud internacional, logrando lo que muchos ven como una estrategia para dilatar un proceso que ya se siente interminable.

Durante la audiencia inicial, la fiscal Anticorrupción Ruth Morcillo destacó que el Ministerio Público ha gestionado 146 asistencias internacionales durante la investigación. Sin embargo, las respuestas pendientes de Brasil y Perú son cruciales para garantizar el derecho al contradictorio y evitar nulidades. Marquínez, conocida por su firmeza, pidió a las partes estar preparadas para la nueva fecha, aunque para muchos este aplazamiento solo prolonga la sensación de frustración en un caso que parece diseñado para nunca llegar a su fin.

El retraso también alimenta las especulaciones. ¿Es la justicia panameña víctima de la burocracia internacional, o este compás de espera beneficia a ciertos actores con poder? Las calles hierven con rumores sobre el papel del fuero parlamentario y las estrategias dilatorias que protegen a figuras de alto perfil. Aunque Martinelli no goza del fuero del Parlacen ni del principio de especialidad, sus hijos, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, sí están protegidos como diputados suplentes, dejando su caso en manos de la Corte Suprema de Justicia. Similar es el caso del exministro Jaime Ford, ahora diputado del Parlacen, lo que subraya cómo este fuero se ha convertido en un controvertido refugio legal.

Cada nuevo retraso pone a prueba la credibilidad del sistema judicial panameño. Lo que debería ser un juicio ejemplar para marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción se ha transformado en un desfile de excusas, burocracia y postergaciones. Entre tanto, las sombras del poder parecen manejar los hilos, dejando al país con una pregunta cada vez más apremiante: ¿Logrará la justicia imponerse sobre la corrupción?