El Alcalde electo de Colón enfrenta dilema salarial: ¿Servicio público o responsabilidad familiar?

En un giro inesperado, el alcalde electo de Colón, Diógenes Galván, se encuentra en una encrucijada debido a un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que podría alterar significativamente su situación financiera. La polémica se ha desatado luego de que Galván declarara públicamente que, de ser inconstitucional el cobro de su salario como práctico en el Canal de Panamá, consideraría dejar su puesto en la municipalidad.

Galván, en una entrevista en el programa “Cuarto Poder”, expresó su preocupación sobre la posibilidad de renunciar a la alcaldía si no puede seguir cobrando su salario en la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). “Lo cierto es que si mañana la Corte dice que es inconstitucional y que no puedo cobrar el salario del Canal, entonces sí tengo que debatirme continuar como alcalde o no. Creo que tendría que pensar si me quedo o me voy. Y se los digo francamente, no estoy seguro que pueda. Tengo un hijo que va para Estados Unidos a estudiar, en estos momentos mi hija está estudiando medicina y esa es mi prioridad y responsabilidad”, manifestó Galván.

Este dilema surge tras un fallo del Pleno de la CSJ, que declaró inconstitucionales dos párrafos de la Ley 376 del 31 de marzo de 2023. Esta ley permitía a los servidores públicos electos optar por una licencia con sueldo del puesto mejor remunerado que ocupaban antes de ser elegidos. El fallo, emitido el 18 de junio de 2024, afecta directamente a Galván, quien había planeado tomar una licencia con sueldo de su trabajo en la ACP, donde devenga un salario base de $17,968.28, significativamente mayor que el salario de $10,750 que recibiría como alcalde.

La CSJ consideró que permitir a los servidores públicos electos elegir el salario más alto viola el principio de igualdad consagrado en la Constitución Política. En su fallo, la magistrada María Cristina Chen Stanziola argumentó que esta disposición crea un privilegio injustificado para quienes provienen del sector público en comparación con aquellos que provienen del sector privado.

Los abogados Ernesto Cedeño y Roberto Ruiz Díaz, quienes presentaron las demandas de inconstitucionalidad, coinciden en que Galván debería haber previsto estas consecuencias antes de postularse al cargo. Cedeño afirmó que “el que presente ese argumento ahora te dice que no planificó adecuadamente todo el escenario antes de acceder al cargo, máxime que ya las demandas estaban presentadas antes de la elección”.

El fallo de la CSJ ha generado un intenso debate sobre el equilibrio entre el servicio público y las responsabilidades personales y familiares. Mientras algunos critican a Galván por no prever esta situación, otros lo apoyan, destacando la importancia de priorizar la familia en momentos de incertidumbre financiera.

En medio de esta controversia, Galván deberá tomar una decisión crucial: continuar como alcalde de Colón con un salario inferior o renunciar al cargo para asegurar el bienestar financiero de su familia. La situación pone en evidencia los desafíos que enfrentan los servidores públicos al balancear sus compromisos personales con sus deberes oficiales.