El próximo 6 de noviembre, el Gobierno Nacional, a través del ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, llevará ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que busca reformar la Ley de la Caja de Seguro Social (CSS).
El objetivo principal de esta reforma es abordar y solucionar los múltiples problemas que enfrenta la institución, especialmente en el sistema de pensiones y jubilaciones. Además, la iniciativa pretende mejorar la atención a los asegurados en aspectos como la obtención de medicinas y la programación de citas médicas.
El presidente de la República, José Raúl Mulino, ha manifestado su compromiso de explicar detalladamente el proyecto a los diputados de la Asamblea a partir del 6 de noviembre, con el fin de alcanzar consensos durante su discusión. “Tenemos toda la intención de buscar acuerdos razonables que beneficien a todos. No debemos permitir que este proyecto se utilice para ‘politiquería’”, enfatizó el mandatario.
Mulino destacó que el enfoque principal de la ley son los pacientes y los pensionados, y que su gobierno está trabajando en beneficio de ellos. “Estamos tratando de mejorar la situación de los pacientes del Seguro Social y del Ministerio de Salud”, señaló.
Actualmente, los abogados continúan trabajando en integrar las propuestas surgidas de las mesas de trabajo realizadas durante un mes con diferentes gremios y organizaciones. “Hay muchas propuestas que estamos incorporando para alimentar el borrador que será aprobado en Gabinete y luego llevado a la Asamblea”, indicó el presidente.
El mandatario aseguró que la ley no pretende perjudicar a nadie ni va en contra del pueblo panameño. Reiteró que no se contempla la privatización del Seguro Social y que busca una solución integral a los problemas de la seguridad social en el país. “Queremos una ley coherente que contenga todos los elementos necesarios para hacer viable una solución integral”, afirmó.
Una vez finalizado el proyecto, el Ejecutivo sostendrá conversaciones finales con los gremios y organizaciones que participaron en las mesas de trabajo. Posteriormente, el proyecto será discutido en sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional hasta finales de diciembre.
“Estamos dispuestos a lograr consensos siempre que sean razonables y en beneficio de una ley coherente. Podemos tener una buena comunicación con todos los sectores, desde los más radicales hasta los más coherentes”, concluyó Mulino.
