El Ministerio de Educación destina 14 millones de dólares al año para dotar de internet a las escuelas, un servicio que en realidad podría costar solo 700 mil dólares. La diferencia es abismal y deja una pregunta en el aire: ¿A dónde va todo ese dinero?
En una entrevista reciente, la ministra de Educación, Lucy Molinar, reveló que esta cifra desmesurada no se justifica y que existen formas más económicas y eficientes de proporcionar conectividad a los centros educativos.
Tarifas infladas: Un negocio redondo
El viceministro administrativo de Educación, Roberto Sevillano, reveló que el Estado paga 390 dólares mensuales por 10 megas, cuando un usuario residencial paga 35 dólares por el mismo servicio. Esto significa que el Gobierno está pagando más de 10 veces el valor real del internet.
Pago sin uso en pandemia
Durante la pandemia, cuando las escuelas permanecieron cerradas, el contrato siguió activo y los pagos no se detuvieron. Millones de dólares se gastaron en un servicio que nadie utilizó.
Según la ministra Molinar, este contrato tiene un “blindaje financiero ilegal”, lo que dificulta frenarlo y revisar su transparencia.
El nuevo escándalo: De la promesa al derroche
El diputado Betserai Richards ha destapado un nuevo escándalo en torno al costo del internet en las escuelas. Meduca prometió reducir el gasto a 700 mil dólares anuales, pero ahora pagará 59 millones de dólares en conectividad.
¿Qué pasó con la promesa de ahorro?
Meduca, que antes criticaba los $14 millones anuales del gobierno anterior, ahora ha cuadruplicado el gasto en un contrato millonario. Las autoridades justifican la medida asegurando que se mejorará la cobertura y calidad del servicio, pero las críticas no han tardado en llegar.
¿Inversión o despilfarro?
Los panameños se preguntan si este aumento realmente traerá mejoras en la educación o si se trata de otro caso de mala administración de recursos públicos. Mientras tanto, el diputado Richards ha exigido explicaciones claras sobre este descomunal incremento en el presupuesto.
¿Y ahora qué?
La ciudadanía exige transparencia y respuestas. ¿Quién autorizó estos pagos? ¿Por qué no se ha investigado a fondo?
Este escándalo no solo revela un gasto injustificado, sino una falta de control total sobre los recursos públicos.
