La semana pasada, cuando el Tribunal Electoral (TE) dio inicio al proceso electoral, una de las observaciones surgidas era la importancia de poner bajo la lupa el actuar de todos los que aspiran a cargos públicos, sobre todo los actuales funcionarios, para evitar que usufructúen con fines políticos de los recursos del Estado.
A pesar de las malas experiencias que como país hemos tenido en este sentido, a la fecha no hay ejemplos claros de sanciones para funcionarios o candidatos que hayan incurrido en esta nefasta práctica.
LEA TAMBIÉN: Investigan extorsión mediante herramientas virtuales
Es quizás esta licencia la que ha utilizado el vicepresidente de la República, Gaby Carrizo, que una vez más ha sido captado en el presunto uso de recursos del Estado -en este caso un helicóptero del Senan- para una actividad proselitista.
A esta mala práctica hay que ponerle un alto desde ya y con sanciones ejemplarizantes -sin importar quién sea la figura- por parte de las jurisdicciones respectivas. De lo contrario, veremos convertirse el incipiente torneo electoral en una gran piñata de los recursos del erario.
