El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el anteproyecto 169 que crea el sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas para prevenir los delitos del crimen organizado y que perfecciona las leyes de transparencia refrendando la posición de Panamá de salir de la lista gris.

Dicha legislación fue objetada por el Ejecutivo en cinco de sus artículos, se aprobó con el fin de facilitar el acceso sobre beneficiarios finales de personas jurídicas recabados de los abogados o firmas de abogados, que presten servicios de agentes residentes, para evitar los delitos de blanqueos de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masivas, de acuerdo con las leyes de la república de Panamá.
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El documento en su capítulo II, sobre Registro de Agentes Residentes, establece que todo abogado o firma de abogados, que presten sus servicios profesionales como agente residente para una o más personas jurídicas, constituidas o registradas en el país, deberán registrarse y mantener vigente su registro ante la Superintendencia de Sujetos No Financieros.