Sin ningún tipo de discusión en tercer debate fue aprobada la noche de este miércoles el proyecto de ley 12 sobre las Asociaciones Público Privadas (APP), que fue impulsada por el gobierno antes de las reformas a la Ley 22 de Contrataciones Públicas.
Los diputados oficialistas intentaron que uno de sus miembros formara parte de la junta directiva, pero finalmente fue rechazado.
Otro aspecto que también fue rechazado fue la limitante que se le busca poner a las empresas condenadas por corrupción, pero finalmente se adoptaron los criterios existentes en la Ley 22 de Contrataciones Públicas que impide que empresas incapaces para contratar con el Estado e inhabilitadas puedan formar parte de las APP.
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Lo curioso es que el gobierno antes de aprobar las reformas a la Ley 22 prefirió aprobar el proyecto de ley 12 sobre las APP.
Los diputados oficialistas lograron incluir un artículo que indica que las empresas que hagan delaciones en temas de corrupción pueden hacer APP con el gobierno, siempre y cuando paguen la totalidad de la multa impuesta por las autoridades.
Las APP buscan que mediante el asocio del gobierno y de la empresa privada se hagan proyecto de impacto social a largo plazo, sin que eso signifique un desembolso inmediato de fondos del Presupuesto General del Estado.
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La junta directiva de la APP la integrarán cinco ministros de Estado y no necesariamente todas las obras del gobierno se harán bajo esta figura de contratación.
El proyecto debe ser sancionado por el presidente Laurentino Cortizo y publicado en Gaceta Oficial. Una de las obras que pudieran hacerse con APP es el metro cable de San Miguelito.