El Ministerio Público (MP) ha recibido denuncias de 12 personas que descubrieron que sus nombres aparecían en la planilla de la Asamblea Nacional (AN), a pesar de nunca haber trabajado allí ni recibido cheques de esa entidad.
Caso de Yulissa Reyes
Yulissa Reyes, quien nunca había cotizado en la Caja de Seguro Social (CSS), descubrió que su nombre figuraba en la planilla de la AN como asalariada, con un salario mensual de $8,900. Esto lo descubrió cuando revisó su ficha digital de la CSS al comenzar un nuevo trabajo en febrero. Sorprendida, presentó una denuncia ante el MP, la cual está siendo investigada por una fiscalía anticorrupción.
Caso de Iván Candanedo
Iván Candanedo, con 10 años de labor en el Ministerio de Educación (Meduca), se enteró de que también figuraba como empleado de la AN, habiendo cobrado $14,933 en dos meses. Aconsejado por un abogado, presentó una denuncia ante el MP, donde le informaron que su caso constituía un delito de peculado doloso.
Caso de Maryan Hernández
Maryan Hernández, otra víctima, descubrió que su nombre aparecía en la planilla de la AN, habiendo recibido supuestamente $10,000 por trabajos que nunca realizó. Presentó su denuncia el 14 de junio, al darse cuenta de que también estaba siendo utilizada para justificar pagos ficticios.
Respuesta de la Asamblea Nacional y la CSS
En respuesta a estas denuncias, la AN atribuyó los errores a “errores humanos” y “errores informáticos”. El diputado presidente Jaime Vargas informó al director de la CSS, Enrique Lau, sobre la situación, quien afirmó que un problema en la actualización del sistema de envío de fichas masivas a finales de 2023 pudo haber causado estos errores.
Estos casos no son los primeros en detectar irregularidades en la planilla de la AN. En 2018, el entonces contralor Federico Humbert denunció el cambio de 318 cheques de la AN por $808,888, involucrando a 35 personas. La Asamblea ha gestionado un presupuesto significativo, con parte de los fondos desviados para pagar planillas secretas. Cada diputado tiene una partida mensual de $20,000 para contratar personal transitorio, sumando un costo anual de $17 millones.
La situación ha generado descontento y desconfianza entre los afectados, quienes esperan que las investigaciones del MP y la CSS esclarezcan el origen y la naturaleza de estas irregularidades. La Asamblea asegura que no existen registros de cheques o desembolsos a nombre de los denunciantes, mientras las investigaciones continúan.
Las denuncias han subrayado la necesidad de mayor transparencia y control en la gestión de las planillas del Estado, para evitar futuros casos de peculado y malversación de fondos públicos.
Información publicada en prensa.com por Ereida Prieto-Barreiro