La Corte Suprema de Justicia de Panamá ha rechazado una demanda de inconstitucionalidad presentada por la empresa Minera Santeña S.A. contra la Ley 407, la cual prohíbe la minería metálica a cielo abierto en todo el territorio nacional. La decisión, respaldada por la ponencia de la magistrada Maribel Cornejo y a través del edicto No. 262, desestima la demanda interpuesta por el abogado Rafael Morales, quien buscaba la declaratoria de inconstitucionalidad de la mencionada ley.
El fallo de la Corte Suprema se sustenta en los artículos 2557, 2558, 2560 y 2561 del Código Judicial, los cuales establecen los requisitos legales para la admisión de demandas de inconstitucionalidad. Esta decisión judicial llega tras un proceso legal que ha generado gran interés tanto a nivel nacional como internacional, debido a las implicaciones que tiene para la industria minera y el medio ambiente en Panamá.
Desde el año 2022, Minera Santeña ha estado solicitando permisos para realizar exploraciones mineras en diversas localidades, incluyendo Bahía Honda en Veraguas, Guararé, El Carate y El Pedregoso en la provincia de Los Santos, entre otras. Sin embargo, la Ley 407, aprobada el 3 de noviembre de 2023, prohíbe el otorgamiento de concesiones para la exploración, extracción, transporte y beneficio de la explotación de la minería metálica en todo el territorio nacional.
Esta medida legislativa surge como respuesta a una serie de protestas lideradas por organizaciones de la sociedad civil y grupos ambientalistas, quienes argumentan que la explotación de minas a cielo abierto causa graves daños al medio ambiente, contaminando el agua y el aire de las comunidades circundantes. La moratoria a la minería metálica se ha convertido en un tema de gran debate en Panamá, donde la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades locales están en el centro de la discusión.
Cabe destacar que esta no es la primera vez que una medida legislativa relacionada con la minería enfrenta un desafío legal. En noviembre pasado, la movilización popular logró la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley 406, la cual refrendaba un contrato entre el Estado y Minera Panamá para la explotación de una mina de cobre a cielo abierto en los distritos de Donoso y Omar Torrijos en la provincia de Colón.
En resumen, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de rechazar la demanda de Minera Santeña S.A. contra la Ley 407 representa un respaldo significativo a las preocupaciones ambientales y sociales en Panamá. Este fallo judicial reafirma el compromiso del país con la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades locales frente a la industria minera.