Al dar inicio este jueves 1 de julio el tercer año de mandato del presidente Laurentino Cortizo, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de Transparencia Internacional (TI), considera que la actual administración continúa por la ruta de la opacidad.
“El lamentable incumplimiento de los compromisos adquiridos por el presidente Laurentino Cortizo al firmar el #RetoTransparencia2019, así como el Reporte Sombra de la Implementación del ODS16, comprueban que no solo no se ha avanzado, sino que se ha retrocedido en materia de transparencia y probidad.
Añade que la magnitud de la pandemia requería del Ejecutivo atender la crisis sanitaria y económica con mayor transparencia, “poniendo un alto al dañino clientelismo y fortaleciendo la institucionalidad para enfrentar la crisis con eficiencia”. Sin embargo, lo que se ha visto es lo contrario.
Citan como ejemplo, en dos años de gobierno, de esa falta de transparencia que genera preocupación, la renovación del contrato a Panama Ports Company (PPC), las fallas en la justicia y su falta de recurso, la percepción y experiencias de corrupción y la falta de acceso a información pública y de transparencia en las instituciones.
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En el caso de PPC, lamentan el manejo opaco por parte del Ejecutivo, así como una “inexplicable decisión contra los mejores intereses del país. El daño no solo incluye las millonarias cifras en dólares, sino también una grave afectación a los intereses de Panamá, específicamente a la posibilidad de aprovechar plenamente la existencia del Canal y nuestra posición geográfica, con el desarrollo del sector como lo han hecho países y centros marítimos-portuarios-logísticos de vanguardia mundial”.
El Gobierno se rehúsa a explicar en detalles por qué prorrogó el contrato.En cuanto a la justicia, lamenta que esta siga sometida por la falta de recursos para hacer frente a la carga de trabajo. También lamenta la incapacidad de proveer certeza de castigo en los más de 90 casos de corrupción que han llegado a los tribunales en los últimos 15 años.
“La grave situación queda evidenciada en el Índice del World Justice Project, en el que Panamá obtiene una nota de 0.33 en materia de justicia penal. Los casos contra el expresidente Martinelli, Odebrecht, Albergues para menores, Hospital Modular, Blue Apple y tantos otros, podrían terminar en impunidad, frente a una ciudadanía que se ve acosada constantemente por los estamentos de seguridad, debido a las restricciones impuestas por la pandemia”, lamenta el organismo.
Sobre la corrupción, se fundamenta en el Índice de Percepción del año 2020, que le da al país un puntaje de 35 puntos sobre 100, que además refleja un retroceso de tres puntos en relación con la medición del año 2012.
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“En efecto, la corrupción goza de muy buena salud en Panamá y la ciudadanía lo sufre de forma directa, de acuerdo al Barómetro Global de la Corrupción 2019, ya que una de cada cinco personas en el país, revela esta encuesta nacional, admite haber tenido que pagar una coima (en distintas modalidades) para obtener un servicio público. Igualmente, el 79% de los encuestados siente que el gobierno está haciendo un mal trabajo en la lucha contra la corrupción. Esto genera la sensación de hartazgo e impotencia general que se palpa día a día en la ciudadanía, sumado a los escándalos que más duelen: la politización de la vacunación que el MINSA sigue sin explicar, o el posible fraude en la Lotería Nacional de Beneficencia”.
Por último, pero no por ello menos importante, resienten la desaparición de la obligación legal de transparencia y acceso a la información pública. “Bajo el manto del estado de excepción debido a la pandemia, los funcionarios callan ante las peticiones de información de periodistas y ciudadanos. Todo sucede ante la mirada impávida de la ANTAI, la Corte Suprema o la Contraloría”.
El organismo se pronunció al iniciar el tercer año de Gobierno.Por todo lo anterior, en el inicio del tercer año de mandato de Cortizo, exige un cambio de rumbo para fortalecer las instituciones, acabar con el uso de los recursos públicos y la impunidad. “Seguir ignorando el creciente malestar ciudadano, es muy peligroso para todos”, culmina.
