Llegó el 14 de diciembre, fecha fatídica dada por el Gobierno a Minera Panamá, empresa que desarrolla la actividad en Donoso, Colón, para alcanzar un acuerdo y firmar lo que será el nuevo contrato que regirá para las partes. Sin embargo, hasta esta mañana no hay humo blanco.
Mientras que la empresa adelantó el pasado lunes 12, en un comunicado, que el viernes 9 de diciembre presentó una propuesta al Gobierno que -a su parecer- satisface las demandas en cuanto al monto económico a percibir, desde las más altas autoridades del país se ha mantenido un mutismo.
El pasado fin de semana, también a través de un comunicado, el Gobierno por medio del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) informó del ultimátum para hoy y que de no haber acuerdos, se tomarían medidas alternas, las cuales no han sido detalladas.
La actividad se desarrolla en Donoso, Colón, y de ellas dependen 40 mil personas directa e indirectamente. Su impacto en el PIB ronda el 4 %.
Al respecto, Marcela Galindo, presidenta de la Cámara de Comercios, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), expuso que el comunicado generaba más preguntas que respuestas, y a nombre del gremio que representa urgió a deponer intereses particulares y lograr consensos que al final beneficien a la población del país.
Michael Chen, representante de este gremio en Colón, donde precisamente se ubica la mina Cobre Panamá, lamentó la zozobra que se vive y que las negociaciones hayan durado tanto (casi un año).
A las pérdidas económicas que impactarían a unas 40 mil personas que dependen de la actividad, los dos mil proveedores, así como al Producto Interno Bruto (PIB) hasta en un 4%, Chen añade que la imagen del país como destino de inversión se vería muy impactada.
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Acotó que lo que salga de hoy debe beneficiar a los panameños, garantizar la seguridad jurídica y la protección del medio ambiente.
La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) es otro gremio empresarial que ha estado a la expectativa de lo que ocurra. Por ello, desde este martes 13 se mantienen en vigilia.
Apede lamentó que que el escenario que hoy vive el país es en parte de lo actuado por la Corte Suprema de Justicia cuando dilató, sin excusa alguna, su decisión en cuanto a la legalidad del contrato entre el Estado panameño y la empresa, que finalmente terminó declarando inconstitucional el documento anterior firmado en el año 1997 y demandado en el 2009 por el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM). El fallo de la máxima corporación de justicia del país se produjo en el 2018.
Apede valoró el impacto que la inversión de la empresa ha tenido en la economía del país y consideró catastrófico que se produzca una expropiación, opción que está sobre la mesa si no se logra un acuerdo en las próximas horas. Pidió que prevalezca la armonía entre el Gobierno y el sector privado para seguir generando empleos y crecimiento económico.
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