El Consejo Nacional de Periodismo deploró la decisión de la jueza Decimoquinta de lo Civil, Lina Castro De León, de ordenar el secuestro contra la Corprensa, empresa que edita Mi Diario y La Prensa, al considerarlo violatorio de la libertad de expresión y del derecho de acceso a la información que tienen todos los ciudadanos, a la vez que pide que el presidente Laurentino Cortizo, se pronuncie.
En un comunicado, el gremio periodístico explica este domingo, 5 de julio, que esta acción es parte de un proceso judicial iniciado hace ocho años por el expresidente Ernesto Pérez Balladares, que todavía se mantiene en primera instancia, que está pendiente de la práctica de pruebas y en la que no hay decisión de fondo.
“Se trata de una decisión judicial sin precedentes que violenta varios principios y garantías fundamentales consagrados en nuestra Constitución y en normativas internacionales”.
Manifiesta que el secuestro ordenado sobre los activos de CORPRENSA por parte del Juzgado Décimoquinto Civil es señal de un Estado fallido, al impedir la operatividad de los periódicos La Prensa y Mi Diario y dificultar el pago de salarios a 240 colaboradores.
“Todos estamos en peligro cuando la justicia se presta para cercenar los principios y garantías fundamentales que está llamada a proteger”, dijo.
Considera que, “además de ser un ataque directo a la libertad de expresión y al derecho a la información que tienen todos los ciudadanos, la acción de secuestro pone en riesgo el sustento de dos centenares de familias en medio de la hecatombe económica que ha traído la pandemia”.
“No nos equivoquemos, con esto perdemos todos: los ciudadanos, los medios, las empresas, la justicia, la imagen del país, e incluso ha perdido el expresidente, que intentando resarcir su reputación, ha terminado por enlodarla”, dijo.
Ante este escenario el Consejo Nacional de Periodismo expresó lo siguiente:
PRIMERO: Deploramos la decisión de la jueza Decimoquinta de lo Civil, Lina Castro De León, al considerarla violatoria de la libertad de expresión y del derecho de acceso a la información que tienen todos los ciudadanos.
SEGUNDO: Hacemos un llamado al Presidente Laurentino Cortizo para que se pronuncie sobre un hecho que claramente atenta contra la libertad de expresión que su gobierno se ha comprometido en varias ocasiones a defender.
TERCERO: Procederemos con todas las acciones nacionales e internacionales posibles en defensa del derecho de acceso a la información de los ciudadanos y de la salvaguarda de la libertad de expresión.
El Consejo Nacional de Periodismo expresa además, que este pronunciamiento lo hacen en consonancia con los principios que siempre han defendido:
“Que el periodismo está sujeto al escrutinio de todo ciudadano que considere su honra afectada, sin embargo le corresponde a la administración de justicia asegurar que sus decisiones no pongan en riesgo el normal funcionamiento de los medios de comunicación violando la libertad de prensa consagrada en la Constitución”.