Los miembros de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales empezó a realizar las entrevistas a los aspirantes a la Defensoría del Pueblo.
Entre los aspirantes están Guillermo Quintero Castañeda, Anahí Quintero Belda, Sheila Castrejón Pasmiño, Ares Rolando Nelson Marquinez y Andrés Vassilópulos Kytan, Martín Jesús Molina Rivera, Cristina Torres, Eluterio Marín Ojo, Constantino Riquelme Ortíz, Benjamín Rodríguez Ávila, Suky Yard Pimienta de Díaz, Yaritzel Durán Macía y Ada Mirta del Rosario Rodríguez.
Entre los aspirantes está el actual defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, quien fue electo el 26 de agosto de 2020 para concluir el periodo reglamentario 2016-2021 de su antecesor Alfredo Castillero Hoyos, que fue destituido por supuestas irregularidades.
Los aspirantes tenían unos minutos para presentar su propuesta de ser Defensor del Pueblo. Los diputados también formularon preguntas a los aspirantes de distintas situaciones que están ocurriendo en el país.
Anahís Quintero, una de las aspirantes se refirió al fallo de la Corte Suprema que salvó una ley sobre esterilización femenina de 2013. “Es violatorio a los derechos de las mujeres porque se violó la convención de todas las formas de violencia contra las mujeres y belem do para. Es un gran error”, afirmó la abogada.
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En tanto, el actual defensor y aspirante al cargo Edurado Leblanc manifestó que la Defensoría es un entidad de hace 24 años con un presupuesto muy limitado y que necesita reformarse, llegar al pueblo que abandone el saco y la corbata. “Quiero demostrar que en Panamá hay una entidad que pelea de hombro a hombro con el pueblo”, afirmó.
El diputado Luis Ernesto Carles preguntó a Leblanc que haría por aquellos niños que no reciben la educación, porque no logran conectarse a las clases, donde el aspirantes afirmó que solicitó al Meduca que las clases sean presenciales.
En total son 14 aspirantes los que serán entrevistados. Para ser elegido Defensor del Pueblo se requiere: ser panameño por nacimiento, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, haber cumplido 35 años o más de edad, no haber sido condenado por delito doloso con pena privativa de la libertad de cinco años o más.