La palabra “ayuda” formada con ropa interior infantil teñida de rojo colgaba el pasado viernes de la verja que protege la sede del ente estatal encargado de supervisar los albergues, donde menores fueron abusados sexual y sicológicamente según informe de la Asamblea que ha conmocionado al país.
Manifestantes y artistas colgaron esas ropas y también muñecos durante una nueva protesta frente a la sede de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), donde la Policía colocó barreras metálicas para impedir el paso.
La idea parte de la panameña Susana González, junto con otros artistas nacionales como Viviano Romero, quien tiene una campaña artística dentro y fuera de redes sociales para denunciar los abusos a los menores en los albergues destapado por un informe parlamentario de 700 páginas.
“Los pantis y calzoncillos estaban intervenidos con manchas de sangre para ilustrar la violencia que viven estos menores (...) tomamos la acción de escribir la palabra ‘ayuda’ junto con la ciudadanía”, dijo González.
Manifestantes y artistas colgaron ropas y muñecos durante una nueva protesta frente a la sede de la Senniaf, donde la Policía colocó barreras metálicas para impedir el paso. | EFEPor su parte, Romero explicó que su objetivo es “trabajar en el proceso de sanación de esos niños, que ya han pasado mucha violencia como para que se siga peleando”.
Con cánticos como “el pueblo está cabreado (enojado)” y “¡con los niños no!” cerca de centenar y medio de personas protestaron de forma pacífica, hasta que intentaron tumbar la valla y la policía respondió con gases lacrimógenos hasta dispersar la protesta.
Dos de los manifestantes fueron retenidos, dijo un uniformado en el lugar.
Los manifestantes nuevamente pidieron justicia, acusaron a las autoridades de “cómplices”, pues no hay nadie destituido ni detenido, y pidieron que se haga público el informe parlamentario, que señala que los abusos se cometieron en al menos 14 albergues desde 2015.
A través de la Senniaf, el Estado supervisa los albergues que están administrados por ONG y fundaciones y también, en muchos caso, reciben subsidios públicos.
La Fiscalía dijo esta semana que se investigarán a los “54 albergues” de todo el país y confirmó que se han abierto 8 investigaciones, algunas desde hace dos años o más.
Los hechos han provocado una ola de indignación desde hace semanas con manifestaciones en todo el país para exigir justicia y mostrar su repudio ante lo sucedido.
El fiscal general, Eduardo Ulloa, renunció el miércoles “por los últimos hechos que han conmocionado a la nación panameña”.
