El presidente José Raúl Mulino no se anduvo con rodeos al calificar al Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) como una “mafia”. El mandatario aseguró que quienes protagonizaron los disturbios y agredieron a los policías en la Avenida Balboa el pasado miércoles 12 de febrero son “delincuentes sindicales” que cometieron “un intento de asesinato indiscriminado”.
Mulino, golpeando su atril, afirmó que el Suntracs “es una organización a la vieja usanza de las mafias transportistas” y advirtió que sus líderes “pagarán el precio de la ley”. Según el presidente, atrincherarse en la construcción del nuevo Hospital del Niño para lanzar bloques, varillas y demás objetos contundentes desde más de 20 metros de altura constituye un “delito agravado”.
José Raúl Mulino, presidente de Panamá. CortesíaEl mandatario exigió a las autoridades de justicia que no haya impunidad y describió a los responsables como “maleantes”. También informó que el proyecto del Hospital del Niño, ejecutado por la empresa Acciona, permanecerá cerrado mientras el Ministerio Público recoge pruebas para judicializar a los involucrados.
Además, Mulino mandó un mensaje directo a la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), pidiéndoles que dejen de ser “cómplices” del Suntracs. En palabras del presidente, el sindicato actúa como “un organismo terrorista sindical” amparado en una convención colectiva.El jefe del Ejecutivo también señaló que la Contraloría realiza auditorías a todos los sindicatos —incluido el Suntracs— para evitar que fondos públicos sostengan acciones violentas.
Según datos preliminares de la Policía Nacional, 514 personas fueron aprehendidas en el operativo, y 74 ya están plenamente identificadas como participantes en los incidentes.
Mientras tanto, el abogado de los detenidos reclamó la falta de transparencia y la negativa para asistir legalmente a sus representados. El comisionado de la Policía permitió el ingreso del defensor, quien verificó la situación de los obreros.
Los detenidos son trasladados a la Casa de Paz de Calidonia en grupos de 20, donde han tenido breves contactos con sus familiares. La Defensoría del Pueblo es la única entidad que se ha acercado para brindarles alimentos y asegurarse de que reciban un trato digno.
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