El 9 de septiembre de 2019, el Ministerio Público presentó un recurso de anulación contra el fallo del Tribunal de Juicio que declaró ‘no responsable’, al ex presidente Ricardo Martinelli de los delitos de inviolabilidad del secreto y el derecho ala intimidad y peculado, en el caso conocido como ‘pinchazos'.
En esa misma fecha un grupo de querellantes presentaron un recurso similar al del Ministerio Público y otro grupo presento recurso de casación, los que permanecen sin resolverse en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El tribunal integrado por los jueces Roberto Tejeira, Arleen Caballero y Raúl Vergara, el 9 de agosto de 2019, dictaron el fallo que declaró ‘no responsable’, al ex presidente Ricardo Martinelli.
Actualmente el proceso se encuentra en etapa recursiva, en la CSJ por lo que no hay una decisión en firme.
En un fallo del 7 de diciembre de 2018 el Pleno de la CSJ declinó la competencia del proceso penal al Tribunal de Juicio del Sistema Plena Acusatorio (SPA), pero mantuvo como valido todo lo actuado por el magistrado Juez de Garantías, Jerónimo Mejía, en la etapa intermedia del proceso, que es la fase procesal en la que se presentan las pruebas que serán usadas en juicio oral.
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En un artículo de opinión publicado este 5 de agosto de 2020 en el diario La Prensa el ex magistrado de la CSJ Harry Díaz, quien sirvió de fiscal en el proceso cuestiona la imparcialidad de los jueces al considerar ‘Es pertinente no olvidar que estos tres jueces de juicio oral (Tejeira, Caballero y Vergara ) fueron nombrados de forma directa por la CSJ sin el procedimiento, el concurso de oposición, ni la segmentación de la valoración del puntaje ante distintas instancias, que exige la ley 54 de 27 de agosto de 2015 (Carrera Judicial) El juez Tejeira y la juez Caballero fueron propuesto por Ayú Prado al Pleno de la Corte durante las designaciones del sistema penal acusatorio'.
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Añade el ex magistrado Díaz ‘Para concluir repito lo que ya he dicho públicamente : estos tres jueces de juicio oral, ya sea por corrupción o negligencia, no deben ser administradores de justicia. Son una deshonra para los innumerables jueces que día a día dan lo mejor de sí, para enderezar la administración de justicia. La lucha por un verdadero Estado de derecho es constante, y así como hay obvia aprehensión por la pandemia, también debe haberla ante un virus tan letal para la convivencia pacífica, como lo es la corrupción. La impunidad es imperdonable'.
Las magistradas de la Sala Segunda de los Penal Maribel Cornejo, María Eugenia López y Asunción Alonso suplente del magistrado José Ayú Prado (impedido en el caso), son las que tienen que resolver los recursos presentados en contra del fallo.