En 2021 la Fiscalía General de Cuentas abrió un total de 49 investigaciones por delitos contra el patrimonio del Estado por un monto que supera los 34.9 millones de dólares.
Entre las instituciones públicas más afectadas se encuentran 11 juntas comunales, cuya lesión asciende a $6.7 millones, seguidas de la Caja de Seguro Social con 5 millones y el Instituto Panameño de Cooperativismo (Ipacoop) con 750 mil dólares.
Un informe de la Fiscalía detalla que solicitó el llamamiento a juicio para 453 personas, entre naturales y jurídicas.
Para ese periodo recibió 25 informes de auditorías de la Contraloría General de la República.
PROGRAMA BARRIO SEGURO
La Fiscalía General de Cuentas además investiga una posible lesión patrimonial en el control, manejo y distribución de bonos alimenticios del Programa Barrio Seguro, ejecutado por el Ministerio de Seguridad específicamente en la provincia de Colón.
En un informe de auditoría de la Contraloría realizado entre julio de 2014 y septiembre de 2018 se presume un daño económico al Estado por un monto que supera los 33 mil dólares.
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En este caso hay tres personas relacionadas con la investigación.
Entre las irregularidades encontradas se encuentra la entrega de 478 libretas de bonos alimenticios a los participantes con numeración repetida de las entregadas por el Ministerio de Seguridad al Programa, libretas que no cuentan con evidencia de entrega a los participantes a través de firmas, así como libretas entregadas que no coinciden con las cédulas de identidad de las personas y otras que fueron entregadas que según registros del Tribunal Electoral las personas ya habían fallecidos.
