Las autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) quieren frenar las conexiones al sistema eléctrico para desincentivar las invasiones ilegales de tierras estatales y privadas.
Dentro de un plan para atender los asentamientos informales dirigido por el ministro Rogelio Paredes, la viceministra de Vivienda, Daniela Martínez López, se reunió con el director Nacional de Electricidad de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Rodrigo Rodríguez, para sentar la postura de la entidad sobre el tema.
Martínez López, acompañada del director de Asesoría Legal del Miviot, Roy Torres, planteó al ente regulador que las empresas distribuidoras de electricidad no deben facilitar las conexiones eléctricas o contratos de luz en invasiones ilegales que no están registradas y que se mantengan las condiciones y requisitos para legalización a los que cumplen con las normas.
La idea es que uno de los requisitos importantes en cuanto a demostrar la tenencia de la tierra para recibir el beneficio de servicio público de luz es que la persona tenga que acreditar dentro de la documentación una certificación municipal, del Registro Público, del Banco Hipotecario Nacional o del Miviot en tema de asentamientos informales.
Sin embargo, se aclaró a la ASEP que la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), entidad bajo el paraguas del Miviot, genera una solicitud de trámite que no necesariamente se trata de un título constitutivo, o de tenencia o derecho a la ocupación de ese predio, por lo cual no debe servir para realizar contratos de luz.
La viceministra destacó que hay que ser enfáticos con las empresas eléctricas y dejen de estar conectando al servicio a familias que carecen de títulos de propiedad, debido a que le está creando un problema al Estado.
En tanto, el director de Asesoría Legal del Miviot recordó que el ministro Paredes ha emitido comunicados haciendo llamados de atención tanto a la autoridad administrativa como a las autoridades que tienen que ver con el tema como la Policía Nacional y los jueces de paz, sobre la ilegalidad de las invasiones.
“Porque si la persona no tiene una certificación emitida por el Registro Público que indica que es propietaria no es posible que una empresa eléctrica le instale un medidor o una conexión postpago o prepago, cuando existen requisitos establecidos para que se pueda acceder a ese servicio”, subrayó.
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Torres dijo que se están invadiendo proyectos de interés social, terrenos privados y del Estado, por ejemplo mencionó tierras del Ministerio de Gobierno adyacentes a centros penales, donde hay agua, luz, locales comerciales y antenas de servicios de cable.
Igualmente, destacó que en la provincia de Colón han invadido tierras cercanas al proyecto Altos de Los Lagos y en Ciudad Esperanza en Arraiján los apartamentos, incluso sacan a la fuerza a las personas que tiene sus asignaciones de vivienda y se conectan a la luz.
“No queremos que las empresas caigan en la complicidad con los invasores de tierras; se han dado muchas invasiones desde que inició la pandemia”, contó el director Torres.
En la reunión participaron los asesores del Viceministerio de Vivienda: el arquitecto Rolando Crespo y la abogada Xenia Rodríguez; Mario Ballestero, del equipo legal de la Dirección de Asentamientos Informales y Roberto Lide, director Nacional de Titulación Masiva de la Anati.
