La Fundación Baltasar Garzón (Fibgar) ha presentado una querella contra el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, por presunto blanqueo y corrupción en la causa que investiga el supuesto pago de 82,7 millones de dólares por parte de FCC a cargos del país latinoamericano a cambio de contratos.
La Fundación informó este martes en un comunicado de que ha solicitado personarse como acusación popular al juez instructor del caso, Ismael Moreno, que ya ha dado copia del escrito a la Fiscalía Anticorrupción de España y que a su vez deberá pronunciarse antes de que se resuelva la admisión a trámite.
Este caso se remonta a 2017, año en el que la Audiencia Nacional española admitió a trámite una querella por presuntos delitos de blanqueo, cohecho y organización criminal entre 2009 y 2015 contra un asesor jurídico de la multinacional brasileña .
El gigante brasileño, por entonces investigado por la Justicia de varios países latinoamericanos, se habría servido de sociedades pantalla españolas para blanquear cantidades procedentes de los sobornos abonados por diversas constructoras a cambio de adjudicaciones.
Aunque inicialmente la española no figuraba en la lista, después de dos años de diligencias se encontraron indicios de que tras el consorcio entre Odebrecht y FCC para la construcción de la primera línea de metro de Centroamérica se ocultaría un concierto entre directivos para generar “sobrecostes” en los contratos.
Este esquema de “corrupción”, según la Fiscalía española, buscaba generar fondos para abonar “pagos encubiertos” a responsables políticos y empleados públicos, objetivo para el cual se sobredimensionaba el suministro del acero en “precio y cantidad”.
En la primavera de 2019, FCC presentó dos escritos ante la Fiscalía en los que denunciaba los acuerdos comerciales suscritos por sus filiales con el entramado de sociedades de Mauricio Cort, supuesto testaferro de Ricardo Martinelli, quien presidió Panamá entre 2009 y 2014.
Esta estrategia “encubrió acuerdos para abonar pagos por presuntas corrupciones, para asegurarse la adjudicación de importantes contratos de infraestructura que se licitaban por los gobiernos de Panamá, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua”, citaba textualmente el auto de imputación.
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Las facturas incorporaban una descripción de servicios técnicos, de diseño urbanístico y arquitectónico o de estudio de impacto medioambiental, entre otros, “simulados” que nunca llegaron a realizarse en las obras investigadas: las líneas 1 y 2 del metro de Panamá y la Ciudad Hospitalaria de Clayton.
“Ninguno de estos servicios se prestó y sólo se facturaron para dar cobertura a los pagos de presunta corrupción por la adjudicación de los contratos de obra civil”, proseguía el informe de la Fiscalía Anticorrupción.
En ese documento también explicaba que FCC “no ha podido localizar ningún rastro de los trabajos encomendados y abonados a Cort”, -quien actualmente está encarcelado en Panamá- entre 2010 y 2014, cuyo importe ascendió a 82,7 millones de dólares.
En julio de 2019, la responsable de la asesoría jurídica de la constructora admitía en su declaración en la Fiscalía que todas las facturas “habían servido de cobertura formal para la salida de fondos de la compañía hacia Cort” como testaferro de Martinelli, que “exigía” comisiones para “permitir a FCC” operar en las obras públicas de Panamá.
