La jurisdicción civil es la nueva forma de hostigamiento usada contra la libertad de expresión en Panamá, señaló el abogado Eduardo Guevara, especialista en la defensa de este derecho.
Guevara sostuvo que hay más de 40 procesos civiles contra medios de comunicación y periodistas en nuestro país, en donde 13 de ellos suman entre sí 13 millones de dólares en reclamaciones, un hecho que sugiere la enorme desproporcionalidad y la ausencia de una base de justicia racional entre la pretensión y la afectación y la enorme repercusión que la acción tiene para los medios de comunicación, el periodismo y la democracia.
El abogado expresó que desde hace mucho tiempo hay actores que sugieren la posibilidad de que exista un limite en la definición de los daños y perjuicios en materia de libertad de expresión, para evitar la desproporcionalidad de lo que se pide en muchos de los casos.
Puntualizó que la interposición de las acciones civiles por su puesto que se basan en el principio de la responsabilidad civil pero trae consigo componentes que son propios de esta jurisdicción y que están destinados a promover un estado de presión efectiva que termina funcionando como una censura previa, por ejemplo la duración de los procesos, pueden durar años en los que se aplican medidas cautelares como el secuestro, lo que ha sido denunciado por la Comisión Interamericana como una práctica abusiva del ejercicio del derecho.
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Otro elementos según Guevara a considerar son los costos legales del proceso, ya que hay que contratar abogados, peritos son gastos que no necesariamente son reembolsados y que además unidos a otros procesos pueden realmente afectar la estabilidad económica del medio de comunicación, que se trata de una empresa que comprende no solo sus accionistas, sino sus colaboradores, sus proveedores, es una una unidad económica que porta consigo una enorme responsabilidad social y que precisa en este momento de la intervención efectiva del Estado en la tutela judicial efectiva, acotó.
Por su parte, Catalina Botero, directora de la Cátedra de Unesco sobre la Libertad de Expresión y quien participó en forma virtual, indicó que incautar bienes es una acción desproporcionada que afecta el buen periodismo. Agregó que el Sistema Interamericano ha optado por aceptar el mal periodismo y que la crítica sea por la sociedad o por las audiencias, pero no por el Estado.
Guevara y Botero fueron expositores en la conferencia Jurisprudencia de la CIDH, sobre la libertad de expresión y su relación con otros derechos como la honra y el derecho a respuesta, en una conferencia organizada por la Procuraduría de la Administración, y el Consejo Nacional de Periodismo
Botero manifestó durante su presentación que “Nunca se puede usar el derecho penal para defender el honor”, precisando que en estos casos la esfera civil si procede, pero advirtió que las condenas solo proceden cuando se demuestre que el periodista mintió.
Agregó que resulta desproporcionado que funcionarios incauten bienes de periodistas, pues esas acciones que buscan atacar el mal periodismo terminan afectando el buen periodismo, por lo que la gente tiene que comprender que el periodismo es indispensable para la defensa de los derechos humanos..
La Ley 22 de 29 de junio de 2005 dicta medidas con relación al derecho a réplica, rectificación o respuesta.
