Este jueves, la Alcaldía de Arraiján realizó un operativo dirigido a la remoción de vallas publicitarias que habían sido colocadas sin autorización en el Puente de las Américas. Estas estructuras carecían de los permisos requeridos por las autoridades municipales, por lo que su retirada era necesaria para cumplir con las regulaciones vigentes.
Durante el operativo, el personal de la alcaldía encontró dificultades para proceder con la remoción. Un ciudadano, identificado como Manuel Murillo, impidió la acción al amenazar con lanzarse si se retiraban las vallas. Esta situación obligó al equipo a detener el proceso para garantizar la seguridad de todos los involucrados.
Según información de la alcaldía, el señor Murillo adeuda la suma de $17,469.75 en concepto de pagos atrasados y no contaba con un contrato de arrendamiento para la instalación de la valla publicitaria, la cual se encontraba en una propiedad de la Caja de Ahorros. Esta irregularidad llevó a la entidad bancaria a presentar una demanda judicial al inicio de la gestión de la alcaldesa Stefany Peñalba.
La Alcaldía de Arraiján informó que se realizaron varios intentos para resolver la situación de manera pacífica. Se notificó al señor Murillo sobre la deuda y se emitieron avisos de cobro por parte del Departamento de Recaudación. Además, se le ofreció la posibilidad de acogerse a una moratoria, pero no aceptó. Se le explicó que, al no tener un contrato de arrendamiento válido, no podía mantener la valla instalada en una propiedad ajena.
Conforme al Acuerdo Municipal 12 del 2012, que regula el uso del espacio público y la instalación de publicidad exterior, si un deudor permanece en mora por más de 90 días, la estructura de la valla puede ser removida. La alcaldía subrayó que la acción de retirar estas vallas es parte de un plan para regular la publicidad y recuperar espacios públicos, garantizando el cumplimiento de las normativas en el distrito.
Durante el operativo, la Policía Nacional notificó a la alcaldesa que el señor Murillo solicitaba su presencia en el lugar, a pesar de no ser el representante legal de la empresa propietaria de la valla. Este hecho complicó aún más el proceso, ya que plantea interrogantes sobre la postura del ciudadano en relación con la situación legal de las estructuras.
