Ahora, la ciudadanía podrá monitorear los datos generados en las diferentes etapas de selección de contratistas que realicen las entidades

Este martes 8 de septiembre entró en vigencia la Ley 153 de 8 de mayo de 2020, que reforma el texto único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la Contratación Pública.

La nueva legislación, contiene 77 artículos entre modificaciones y artículos nuevos, con las cuales se actualiza el mecanismo de rendición de cuentas y la forma en la que el Estado podrá contratar de manera más eficiente, con transparencia e innovación digital.

Un comunicado de la Dirección General de Contrataciones Públicas indica que la nueva Ley 153 establece medidas de control para prevenir la corrupción, evitar la paralización de las obras con mecanismos de reclamo “por acciones temerarias y sin fundamento” y promover la participación de todos los sectores productivos del país.

Ahora, la ciudadanía podrá monitorear los datos generados en las diferentes etapas de los procedimientos de selección de contratistas que realicen las entidades, así como también efectuar las correspondientes denuncias, a través de un observatorio digital.

Otro de los cambios que introduce esta Ley, es que se deroga el artículo 43 del Texto Único, el cual se refería a las condiciones especiales para la publicación de convocatoria en los casos de contrataciones cubiertas con el Tratado de Libre Comercio suscrito entre la República de Panamá y los Estados Unidos, de igual forma se deroga el artículo 56 que establecía la Licitación por Mejor Valor con Evaluación Separada.

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La Fianza de Acción de Reclamo se aplicará a partir del segundo informe de verificación o evaluación que emita la comisión por orden de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y será del 10% del precio de referencia para actos públicos, relacionados con la adquisición de bienes, servicios y obras.

En el tema de los mecanismos de control para evitar la paralización de las obras, esta normativa introduce la figura del “Pacto de Integridad”, que consiste en un documento que deben suscribir las empresas contratantes con el Estado, el cual debe ser de obligatorio cumplimiento.

Otro de los elementos novedosos de la Ley 153 del 8 de mayo de 2020 consiste en la incorporación de normas especiales, orientadas a darle participación a empresarios nacionales que conforman los sectores productivos de las micro, pequeñas y medianas empresas, y a los productores locales.