La audiencia al ex presidente, Ricardo Martinelli, entró en la fase del contrainterrogatorio de los abogados defensores al perito, Luis Rivera Calles, quien participó en una serie de diligencias por solicitud de la Fiscalía.
En el contrainterrogatorio, Rivera Calles, se refirió a la cadena de custodia, señalando que la Fiscalía Auxiliar le quitó evidencias digitales en una diligencia del 22 de agosto de 2014 y cuando tenía que hacer el volcado con toda la información encontrada le ordenaron descartar correos del presidente de la República, Juan Carlos Varela y del ex ministro Jimmy Papadimitriu por lo que no podía garantizar la autenticidad y mismicidad de estas diligencias digitales.
El abogado Sidney Sittón manifestó que el perito acusa al señor Ricardo Muñoz quien para ese entonces trabajaba en la Fiscalía Auxiliar y al señor Marcelino Aguilar como las personas que le arrebataron las evidencias y no lo dejaron que él hiciera su trabajo de preservación, procesamiento y análisis de la evidencia de forma legal.
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El argumento de la defensa legal del ex presidente Martinelli siempre a sido que se alteraron los sellos y no se cumplió con la cadena de custodia, sin embargo, la fiscalia defiende la legitimidad de las pruebas.
En tanto , el fiscal Aurelio Vásquez indicó que todo lo manifestado por el perito lo hizo bajo juramento, y en lo señalado se contradice él mismo, por eso han solicitado que todo conste en audio y vídeo para presentar algunas incidencias, aunque al Tribunal le tocará valorar todo lo manifestado por el perito
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La audiencia continua este miércoles 15 de mayo con el contrainterrogatorio por parte de la defensa del ex presidente , a la fecha se han admitido pruebas documentales y materiales.
El juicio al ex presidente, Martinelli, inició el 12 de marzo de 2019, acusado de los supuestos delitos de inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad y distintas formas de peculado.
El perito, Rivera Calles, reconoció audios e imágenes que fueron extraídas de una computadora del Consejo de Seguridad en la que se escuchan reuniones políticas en las que participaban alguna de las víctimas reconocidas por la fiscalía y otras que son querellantes.