El ex diputado de la Asamblea Nacional (AN), Rubén De León, enfrenta una investigación por supuestos delitos contra la administración pública y contra la fe pública, relacionados con el uso de las planillas cuando fue presidente de este Órgano del Estado.
El 2 de agosto de 2018, Sumari Chong denunció que recibió pagos sin haber trabajado en la Asamblea Nacional a través de cheques que se giraron alrededor de un contrato que es firmado por De León en calidad de presidente de la AN.
Junto a De León también aparece en la investigación la ex directora de la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis), Rubiela Pitano, ambos están citados a una audiencia de imputación el 6 de agosto de 2019.
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El abogado Roberto Moreno, defensor de De León y Pitano solicitó el 2 de agosto de 2019 a la Juez de Garantías, Ruth Aizpú durante una audiencia de afectación de derechos, que la Fiscalía Anticorrupción cesara los actos de investigación con respecto a De León y remitiera la carpetilla a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), porque este resultó electo diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) el pasado 5 de mayo, no obstante, la fiscal Zuleyka Moore sostuvo que el indiciado dejó de ser diputado el 24 de junio de 2019 por lo que desde esa fecha no goza de fuero electoral y no es hasta el 29 de agosto de este año cuando se instala la asamblea del Parlacen, es entonces cuando sería diputado en propiedad, en estos momentos es electo a la espera de ser juramentado.
El abogado Moreno también planteó que a sus representados se le había vulnerado el derecho a la presunción de inocencia al ventilarse su caso en los medios de comunicación, por lo que solicitaba el cambió de la fecha de la audiencia para una que fuera desconocida, a lo que la juez no accedió.
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Durante el acto de audiencia, la fiscalía fue informada por parte del tribunal de una advertencia de inconstitucionalidad presentada por Ángel Álvarez quien también es abogado del ex diputado Rubén De León contra la frase del artículo 39 del Código Procesal Penal referente a la competencia “o de los cometidos en cualquier época por personas que, al tiempo de su juzgamiento, ejerzan alguno de estos cargos.”.
Esta acción impidió que la jueza Aizpú pudiera pronunciarse respecto a la competencia para investigar en lo que respecta a De León, hasta tanto haya un pronunciamiento de la CSJ. En lo que respecta a Pitano la jueza consideró que no se le ha vulnerado ningún derecho fundamental.
La fiscal Anticorrupción, Ruth Morcillo, aclaró que la advertencia de incosntitucionalidad no detiene la investigación.
La fiscalía entrevistó al diputado del Parlacen, Dorindo Cortez quien explicó el procedimiento que se debe cumplir para que una persona electa llegue a ser diputado en propiedad del organismo político regional.