En un país donde los centros penitenciarios están superpoblados, las autoridades de Ecuador han tratado de ponerle fin a una desafiante inseguridad carcelaria que ha entrado ya en un círculo vicioso donde el traslado de cabecillas y los enfrentamientos entre bandas se retroalimentan, dejando más de 400 muertos en apenas dos años.
Con la lucha por el control de un narcotráfico cada vez más presente en el país, bandas criminales ecuatorianas trasladan sus disputas también a las prisiones sin que, por el momento, las autoridades nacionales y carcelarias hayan dado con la clave para ponerle fin al incesante goteo de muertes. Los diez presos muertos en la última masacre carcelaria, registrada en la prisión capitalina de El Inca, eleva a 120 la cifra de privados de libertad que han perdido la vida en lo que va de año a causa de enfrentamientos entre internos, según datos oficiales del Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de la Libertad (SNAI).
Sin embargo, si estos números ya son preocupantes, más lo son aún los registrados en 2021, año en el que la cifra de presos muertos en el interior de las prisiones se elevó hasta los 281, con la masacre de finales de septiembre en la Penitenciaría del Litoral (Guayaquil) como máximo exponente.
Para encontrar las causas de la inestable e insegura situación penitenciaria, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha redactado este 2022 un informe en el que, además del aumento del narcotráfico en Ecuador, destaca la falta de un sistema estable y fiable para la rehabilitación social de los presos una vez son liberados.
Para el ente, esta “falta de institucionalidad” no hace más que ahondar en la corrupción en el seno de los propios centros penitenciarios, así como aumentar la violencia entre los grupos criminales, caldo de cultivo para que las autoridades se encuentren con una pérdida del control de los centros, cada vez más latente.
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Con el fin de desbaratar las redes que controlan muchos de los centros del país, el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, ha aplicado, de momento sin aparente éxito, medidas como el estado de excepción en las prisiones o el traslado de cabecillas a otras cárceles del país. Sin embargo, este segundo punto parece ser precisamente el desencadenante de la más reciente masacre en El Inca, un incidente que las autoridades vinculan al traslado del líder de Los Lobos, Jonathan Bermúdez, alias ‘Primo’, hacia La Roca, otro centro penitenciario de Quito.
La otra medida, el estado de excepción en las prisiones, estuvo vigente durante tres meses --de septiembre a diciembre de 2021-- como respuesta a la mencionada masacre en El Litoral. Sin embargo, el mismo día que se levantó, otra cárcel de Guayaquil fue escenario de enfrentamientos, aunque sin fallecidos. Este episodio, de hecho, dejó en entredicho a la entonces ministra de Gobierno, Alexandra Vela, quien afirmó que desde el arranque de la medida de excepción se habían alcanzado muchas de las metas fijadas por el Ejecutivo y certificó que la situación había vuelto a “la normalidad dentro de un régimen legal”. Bien es cierto que, ya en aquel momento, Vela advirtió de que la lucha contra la inseguridad penitenciaria debería ser un trabajo del “día a día”, con lo que el plan del Gobierno no podía darse por culminado hasta que se culminase la “rehabilitación” y la “pacificación” en el sistema de prisiones.
En vistas de que aquella medida no favoreció el fin de las masacres, las autoridades han seguido aplicando medidas con el objetivo de retomar el control y la estabilidad. La última de ellas ha sido la implementación de un sistema de seguridad con Inteligencia Artificial y reconocimiento facial. Según anunció el propio Lasso, este último avance habilitará a las autoridades para actuar “de manera inmediata ante cualquier disturbio” que se pueda producir en cualquiera de los 36 centros de prisiones que existen en Ecuador.
LA ONU DENUNCIA “ABANDONO” INSTITUCIONAL Sumadas a las críticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde Naciones Unidas también se alertó ya el pasado mes de octubre de la preocupante situación en un sistema penitenciario gravemente afectado por lo que consideraron como un “abandono” institucional. El Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU visitó a comienzos de octubre la nación sudamericana y en sus conclusiones tras el viaje reconoció estar “profundamente preocupado” por la “grave situación” del sistema carcelario de Ecuador.
La principal responsable del grupo, la panameña María Luisa Romero, alertó de que reclusos viven “en un estado de tensión y constante temor” en unas cárceles “carentes de servicios esenciales y recursos básicos” y donde hay espacios que en ocasiones están gestionados por miembros de grupos criminales. Bien es cierto que el subcomité también puso en valor el “compromiso” de la administración de Lasso para ponerle fin a los incidentes, y remarcó especialmente una de las medidas más innovadoras, como la promesa de llevar a cabo un censo para conocer exactamente cuántas personas alberga una red que es especialmente conflictiva en las conocidas como ‘megacárceles’.
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Sin embargo, desde la oposición han ido un paso más allá y han tildado la situación de violencia en las cárceles como resultado de una inacción “deliberada” por parte de las autoridades en busca de una suerte de “limpieza social”.
Durante una entrevista para Europa Press, el expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017) trasladó hace unos días su incredulidad ante “tal magnitud de ineptitud” que considera que manifiestan las autoridades a la hora de gestionar el sistema penitenciario. “Para mí ya es deliberado, es que esta derecha busca limpieza social, porque no pueden ser ineptos de haber podido controlar (la crisis) en tres años, porque desde 2019 tenemos esta clase de masacres”, apostilló el exmandatario, que añadió que era “ridículo” tratar de culpar a su Gobierno de las emergencias a las que se enfrenta hoy en día Ecuador. En alusión al censo de presos, Correa considera que esta es precisamente la demostración de que Lasso y los suyos “han perdido el control” de las prisiones, pues “no debería existir censo si hubiese registros adecuados”.
EL LITORAL, UN CAPÍTULO APARTE
De entre las once masacres carcelarias que ha vivido ecuador desde el año pasado, la más destacada ha sido la registrada a finales de septiembre de 2021 en la Penitenciaría del Litoral, en la ciudad occidental de Guayaquil, donde fallecieron más de 120 internos. Este episodio superó en fallecidos a los amotinamientos ocurridos a finales de febrero de aquel mismo año, cuando varios centros del país fueron escenario de enfrentamientos casi simultáneos entre bandas armadas y que se saldaron con un total de 79 reclusos muertos. Aquel día la Penitenciaría del Litoral también se encontraba entre los lugares donde se localizaron los incidentes.
A esta prisión se le sumó el Centro Regional de Guayas; la cárcel de Turi, en Azuay; y el Centro de Privación de Libertad Regional de Latacunga, en Cotopaxi. El incidente de septiembre en El Litoral --considerada la masacre más grande de Ecuador y una de las más destacadas de todo el continente sudamericano-- estuvo sucedida un mes y medio después por otro notable incidente a mediados de noviembre que se saldó con 55 muertos.
Desde enero del pasado año, El Litoral ha sido escenario de cuatro de las once masacres contabilizadas en Ecuador, y ha acumulado al menos 190 --sin incluir los del incidente de febrero de 2021-- de los 401 fallecimientos registrados en la nación sudamericana en apenas dos años.
