Cinco años después de la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en el sur de México se han encontrado muchas fosas con cuerpos. Pero de los jóvenes, ni rastro.
Por eso, los padres y miles de personas en todo México, sobre todo jóvenes, volvieron a echarse a la calle, más esperanzados con los pasos del actual gobierno, pero con una misma exigencia: resultados.
“No nada más con el discurso y las buenas palabras vamos a llegar a la verdad sino que tenemos que ser un poquito más contundentes”, exigió Mario César González, padre de uno de los estudiantes.
“Al día de hoy hay muertos, hay desaparecidos y no hay justicia”, reclamó por su parte una de las madres, Joaquina García.
En la marcha que llegó al zócalo de Ciudad de México parecía respirarse menos enojo que en las protestas celebradas durante la administración anterior, pero se vio enturbiada por un pequeño grupo de encapuchados que grafiteó paredes, rompió algunos cristales y lanzó objetos incendiarios a algunos comercios, lo que provocó que los familiares de los estudiantes pidieran calma.
En esta foto provista por la oficina de prensa de la presidencia de México, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, desde la izquierda, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, llevan playeras que recuerdan a los 43 estudiantes desaparecidos durante una conferencia matutina en el Palacio Nacional de Ciudad de México. (Oficina de prensa de la presidencia de México via AP)La desaparición de los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa en 2014 en Iguala, en el estado de Guerrero, sigue sin esclarecerse porque el caso combina los principales males del país: la narcopolítica, la impunidad, la corrupción y el silencio, dijo el jueves el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.
El 26 de septiembre de hace cinco años, policías locales capturaron a los estudiantes y supuestamente los entregaron a miembros del crimen organizado. Según la tesis defendida por la administración del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), luego los trasladaron al basurero de Cocula, 20 kilómetros al suroeste de Iguala, donde fueron incinerados y sus restos arrojados a un río cercano. En ese lugar se localizaron fragmentos de huesos, uno de los cuales fue identificado plenamente como perteneciente a uno de los alumnos y otro sólo de forma parcial.
Sin embargo, toda la tesis oficial fue descartada por los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que investigaron el caso durante año y medio y no encontraron pruebas científicas que sustentaran que esos restos procedían del dicho basurero.
Las únicas certezas hasta el momento, subrayó Encinas, son que las acciones criminales tuvieron lugar fundamentalmente “en el municipio de Iguala y su zona conurbana” y que “en ningún momento” hubo contacto de los estudiantes con grupos delincuenciales.
Una de las claves en la nueva etapa de investigación promovida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es romper lo que los expertos internacionales han llamado ‘pacto de silencio’, una situación en la que se impone la impunidad y nadie da información por miedo o por complicidad.
Con una playera en recuerdo de los jóvenes que decía “Ayotzinapa, 5 años. Yo con la verdad”, el mandatario hizo un llamamiento el jueves a la ciudadanía a que colabore en la investigación.
“A todos los que tengan información sobre este caso, que nos ayuden”, pidió el presidente al tiempo que garantizó el compromiso de proteger a quien colabore. “Es un asunto fundamental para la justicia, para el respeto a los derechos humanos, para el fortalecimiento de las instituciones del Estado mexicano”, agregó.
El pase de lista con los nombres de los 43 desaparecidos se repitió en muchas calles de México y también en la Cámara de Diputados donde retumbó el grito final exigiendo “¡Justicia!”.
“Que se apresuren con la verdad”, exigió Luz María Telumbre mientras caminaba por el centro de la capital mexicana sosteniendo en su pecho la fotografía de su hijo desaparecido, Christian Alfonso, mientras a su alrededor se exigía la presentación con vida de los jóvenes.
Fue parte de una trágica rutina que se ha venido repitiendo el 26 de cada mes, cada año, con mayor o menor convocatoria pero que los familiares están dispuestos a continuar hasta encontrar a sus hijos.
Esta vez, la mayoría eran estudiantes o maestros llegados en autobuses desde el norte o el sur del país pero también había ciudadanos de a pie como Elisabeth Flores, ama de casa del Estado de México de 40 años que decía ponerse en los zapatos de los padres y mostraba su desesperanza.
“Lo que estoy viendo es que (las autoridades) no hacen nada”, afirmó. “Supuestamente a los asesinos los agarraron pero al final de cuentas los dejan libres”, lamentó en referencia a la liberación de más de 70 de los 143 detenidos y que han sido puestos en libertad por los errores e inconsistencias encontrados en la investigación realizada durante la administración anterior.
De hecho, la justicia ordenó en junio de 2018 reponerla por completo y eso provocó que prosperaran los amparos de muchos de los vinculados, entre ellos los principales sospechosos.
El subsecretario Encinas sostuvo el jueves que la búsqueda de los jóvenes y de pistas para encontrarlos continúa en todos aquellos puntos en los que hay información que puede tener cierto grado de certidumbre. Uno de ellos es el basurero de Tepecuacuilco, a 10 minutos de Iguala, hacia el sureste, una de las posibles rutas que, según el informe de la CIDH, podrían haber tomado los secuestradores.
Por su parte, la fiscalía está volviendo a llamar a declarar a autoridades estatales y federales en el poder en el momento de los hechos, algunas de las cuales ya hablaron ante una Comisión de la Verdad que el gobierno puso en marcha en enero.
Encinas indicó, además, que durante la búsqueda de los estudiantes fueron hallados 184 cadáveres en unas 200 fosas que no pertenecen a los jóvenes y de los cuales sólo 44 han sido identificados.
