El gobierno de Estados Unidos ha intensificado su postura ante el régimen de Nicolás Maduro, imponiendo sanciones a 16 de sus aliados clave tras las controvertidas elecciones presidenciales en Venezuela el pasado julio. Entre los sancionados se encuentran figuras del poder judicial y de las fuerzas de seguridad, acusados de obstrucción electoral y violación de derechos humanos.
El jefe del Tribunal Supremo, fiscales y dirigentes de seguridad se cuentan entre los afectados por esta medida del Departamento del Tesoro, en respuesta a la falta de transparencia electoral y las denuncias de manipulación de votos. La oposición, liderada por Edmundo González Urrutia, insiste en que los resultados oficiales no reflejan la realidad electoral, mientras que organismos internacionales como el Centro Carter y la ONU han cuestionado la credibilidad de los resultados.
Además, Estados Unidos ha anunciado restricciones de visa a otros miembros del régimen, buscando presionar a los aliados de Maduro para que reconsideren su apoyo. Sin embargo, la efectividad de estas sanciones es incierta, ya que muchos de los sancionados anteriormente siguen ocupando cargos clave.
Una declaración conjunta de 50 países, encabezada por el canciller panameño, ha exigido una verificación independiente de los resultados electorales, denunciando los abusos cometidos tras las elecciones. Mientras tanto, la oposición venezolana, encabezada por González, mantiene su lucha por una transición pacífica y democrática, a pesar de las represalias del régimen.