Las autoridades nicaragüenses expulsaron este jueves a Estados Unidos a un grupo de 222 “presos políticos”, incluido cinco sacerdotes, a quienes inhabilitaron de por vida para ejercer cargos públicos o de elección popular.
Los 222 prisioneros nicaragüenses, entre ellos siete que intentaron disputar la Presidencia al actual mandatario, el sandinista Daniel Ortega, fueron expulsados a Estados Unidos “por traidores a la patria”, según detalla la sentencia de un Tribunal de Apelaciones de Managua.
La resolución leída por el presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, el magistrado Octavio Rothschuh, también ordenó inhabilitarlos de forma perpetua para ejercer la función pública, cargos de elección popular, y les suspendió sus derechos ciudadanos de por vida.
“Se ordenó la deportación inmediata de 222 personas sentenciadas por cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación del pueblo, por incitar a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica”, según la sentencia, leída por el magistrado desde el Complejo Judicial de Managua.
Los 222 opositores y críticos al Ejecutivo fueron además expulsados “por lesionar los intereses supremos de la nación establecidos en el ordenamiento jurídico, convenios y tratados internacionales de derechos humanos, alterando la paz, la seguridad y el orden constitucional”, añadió el judicial.
PUEDES LEER TAMBIÉN: Detienen en Brasil al jefe de operaciones de la Policía Militar por complicidad con los asaltos del 8 de enero.
OPOSITORES QUE INTENTARON DESAFIAR A ORTEGA, ENTRE EXPULSADOS
“Los deportados fueron declarados traidores a la patria y sancionados por diferentes delitos graves e inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública en nombre del servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular, quedando en suspenso sus derechos ciudadanos de forma perpetua”, precisó la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua.
Entre los presos políticos excarcelados por el Gobierno sandinista se encuentran Cristiana Chamorro, la aspirante a candidata a la presidencia de Nicaragua que tenía mayor probabilidad de derrotar al actual mandatario en los comicios de noviembre de 2021.
Además de Chamorro, que fue la gran ausente en esa cita electoral, la lista de expulsados incluye a los otros seis dirigentes opositores que intentaron desafiar a Ortega en las urnas: Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre.
También a cinco sacerdotes católicos nicaragüenses que acababan de ser condenados a diez años de prisión por delitos considerados “traición a la patria”.
Asimismo, a los empresarios Michael Healy y Álvaro Vargas, arrestados cuando presidían el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), y los también empresarios José Adán Aguerri, Luis Rivas y Arnulfo Somarriba, entre otros.
La lista incluye el gerente general del periódico nicaragüense ‘La Prensa’, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, así como los líderes estudiantiles Lesther Alemán y Max Jérez, y la histórica guerrillera sandinista disidente Dora María Téllez.
Además al excanciller Francisco Aguirra Sacasa; los exvicecancilleres Víctor Hugo Tinoco y José Pallais y los exembajadores Edgar Parrales, Mauricio Díaz y Óscar René Vargas, entre otros defensores de derechos humanos, disidentes sandinistas, líderes estudiantiles, periodistas, activistas y profesionales independientes.
EL OBISPO ROLANDO ÁLVAREZ SIGUE EN NICARAGUA
La Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), a la que pertenece Lesther Alemán, el mismo que increpó en una transmisión televisada en vivo al presidente Ortega durante el inicio de un fallido diálogo nacional en mayo de 2018 y le pidió su renuncia para resolver la crisis que vive Nicaragua, anunció que seguirán luchando para que todos recuperen su ciudadanía nicaragüense y todos sus derechos.
Una fuente política dijo a EFE que el obispo Rolando Álvarez, de la diócesis de Matagalpa (norte) y quien guarda arresto domiciliario desde agosto pasado, fue incluido por las autoridades en la lista de prisioneros a ser enviados a Washington, pero no aceptó.
NOTICIA RELACIONADA: Ulloa pide la liberación del obispo de Nicaragua Rolando Álvarez.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) exigió este jueves al Gobierno de Ortega que restituya los derechos de los 222 presos políticos expulsados a Estados Unidos.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
RECIBEN PERMISO HUMANITARIO
En tanto, los expulsados han recibido un permiso humanitario que les permitirá vivir y trabajar en el país norteamericano, dijo este jueves un funcionario del Departamento de Estado.
El funcionario compareció ante los periodistas concentrados en los alrededores del hotel de Virginia, adonde el grupo fue trasladado tras llegar al aeropuerto de Dulles (Virginia), en las afueras de Washington.
“Aquí tienen hotel, comida y cosas básicas durante unos días y también asistencia legal si es necesario”, recalcó.
TE PUEDE INTERESAR: ‘Si nos salvas seré tu esclava toda la vida’, dice una niña a un rescatista en Siria. Video
EE.UU. ha estado “trabajando durante la última semana” para recibir a los excarcelados de manera “unilateral” por el Gobierno de Daniel Ortega, subrayó el funcionario. “Reconocemos que es un paso positivo del Gobierno de Nicaragua y esperamos que esto pueda seguir”, agregó la fuente estadounidense.
Juan Sebastián Chamorro, uno de los expulsados, contó en declaraciones a medios que se enteraron de que habían sido liberados y que volaban rumbo a EE.UU. cuando ya estaban en el avión.
Sin embargo, en una comparecencia de prensa, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, confirmó que los presos han llegado a Washington y aseguró que aceptaron viajar a Estados Unidos de forma voluntaria.
Según apuntó, las autoridades estadounidenses se aseguraron antes de que subieran al avión de que “cada uno de ellos deseaba viajar a Estados Unidos”.
Organizaciones internacionales, como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han pedido repetidamente a Nicaragua la liberación de los presos políticos.
La CIDH calificó de “deplorables” las condiciones en las que se encontraban los presos en Nicaragua y sus familias señalaron que eran sujetos a tratos crueles y no tenían acceso a agua potable, alimentación suficiente ni atención médica.
Estados Unidos llevaba meses solicitando a Nicaragua la liberación de los presos políticos desde la ola de manifestaciones que sacudió el país en 2018 con peticiones para que renunciara Ortega y acabaron con cientos de muertos, presos y desaparecidos.
ESO ESTÁ INTERESANTE: Sorprenden a diputado viendo porno en pleno debate en el parlamento y renuncia.
DISCUTEN LEY DESPUÉS DE DESTERRAR A OPOSITORES
Por otro lado, La Asamblea Nacional de Nicaragua (Parlamento) aprobó este jueves en la primera de dos legislaturas una reforma a la Constitución Política que establece que aquel nicaragüense que sea sentenciado por delitos considerados “traición a la patria” perderá la calidad de nacional nicaragüense.
La reforma constitucional, presentada con trámite urgente por los 74 diputados sandinistas que son mayoría absoluta en el Parlamento, fue aprobada el mismo día en que fueron expulsados a Estados Unidos 222 prisioneros nicaragüenses.
El artículo constitucional reformado, el 21, que debe ser aprobado en una segunda legislatura para que entre en vigor, es decir el próximo año, establece que “la adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad serán reguladas por las leyes. Los traidores a la patria pierden la calidad de nacional nicaragüense”.
Esta reforma fue aprobada este jueves en primera legislatura con el voto de 89 de los 91 legisladores.
APRUEBAN UNA LEY ESPECIAL
Posteriormente los diputados aprobaron, también con carácter urgente, la “Ley especial que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense”.
Según su artículo 1, esa legislación “tiene por objeto regular la pérdida de la nacionalidad estipulada en el artículo 21 de la Constitución Política de la República de Nicaragua”.
Así, se establece que “las personas sentenciadas al tenor de lo dispuesto en la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, publicada el 22 de diciembre de 2020, perderán la nacionalidad nicaragüense”.
La autoridad judicial será la competente para aplicar la presente Ley, debiendo notificar al Consejo Supremo Electoral, de acuerdo a la norma aprobada.
En la exposición de motivos, los legisladores sandinistas recordaron que la Constitución Política, en el artículo 1, estipula que todo nicaragüense debe preservar y defender la independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional.
También que la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz establece las acciones que lesionen los intereses supremos de la nación, “por lo que los nicaragüenses ejecutores de estos actos se consideran traidores a la patria, sin perjuicio a las acciones penales establecidas en el Código Penal”.
