El desalojo este sábado del campus de la Universidad Nacional Mayor San Marcos (UNMSM) en Lima por parte de la Policía para desalojar a manifestantes que estaban acampados en el centro de estudios, una intervención que ha acabado con 200 detenciones, suscitó críticas de activistas, políticos y otras universidades.
“Estamos aquí varios congresistas de la república, somos seis. En el marco de nuestras funciones hemos venido a verificar la situación actual en la que se ha producido este desalojo, esta intervención. No tenemos información, no hay un comandante, no sabemos qué ha ocurrido, no sabemos la fiscal a cargo. Se nos quieren restringir nuestros derechos”, señaló a EFE la congresista Ruth Luque a las puertas del campus.
Como Luque, otros parlamentarios exigieron a la Policía poder entrar a la instalación universitaria para conocer las circunstancias y razones por las cuales se llevó a cabo el desalojo y el estado de salud de los manifestantes antigubernamentales detenidos.
Declaró que lo que está haciendo la Policía es “completamente arbitrario” y que se han violado el derecho a la defensa de los detenidos y también de los congresistas para ejercer sus tareas de fiscalización y representación.
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“Pido el inmediato apoyo de otros países que creen en la democracia y los derechos humanos para poner un alto a esta arbitrariedad y abusos que está cometiendo la señora Dina Boluarte en alianza con la Policía y otras autoridades políticas”, denunció Luque.
Junto a ella, simpatizantes, familiares y amigos, pedían el ingreso de abogados en las puertas del campus, donde un cordón policial no los dejó entrar.
Por su parte, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, (PUCP), considerada la mejor del país junto a la UNMSM, también rechazó la intervención del campus.
La misión en el Perú de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) pidió este sábado proporcionalidad a las autoridades del país tras el desalojo.
“Frente a la intervención en la UNMSM, OACNUDH llama a las autoridades a asegurar la legalidad y proporcionalidad de la intervención y garantías de debido proceso”, reza un comunicado de la oficina.
Además, la Defensora del Pueblo, Eliana Revollar, dijo en la emisora RPP que consideraba “que era oportuno coordinar con la Fiscalía el operativo en la universidad” para que la Policía interviniera.
“En Estado de emergencia se debe garantizar los derechos humanos e intervenciones de instituciones. Estamos atentos hasta que concluya el operativo en el campus universitario”, señaló Revollar.
Denunció que en un momento posterior al desalojo, parte del personal de la Defensoría fue impedida de ingresar a la universidad “para verificar condiciones de personas en el lugar.
VERSIÓN DE LA UNIVERSIDAD
Por su parte, la UNMSM emitió un comunicado este sábado en el que afirmó que la Policía actuó “de oficio” en el marco del Estado de emergencia decretado por el Gobierno y según sus palabras las instalaciones universitarias “se encontraban tomadas y violentadas por manifestantes”.
“En sesión extraordinaria del Consejo Universitario del 18 de enero, se acordó establecer un diálogo entre una comisión de decanos y estudiantes de la UNMSM y representantes de los manifestantes; donde se acordó que tenían un plazo de retirarse de manera ordenada del campus universitario hasta el jueves 19, a las 12:00 horas, acuerdo que no se cumplió”, dijo la institución, que en una información anterior denunció el robo y saqueo por parte de protestantes. EFE
