El crimen de Fátima, uno de los asesinatos más impactantes de los últimos años en Ciudad de México, deberá estar resuelto en cuatro meses. Así lo señaló el juez del caso, que dio comienzo al proceso en contra de los dos implicados: Mario Alberto y Johana, ya detenidos.
Tras la detención de Mario Alberto “N” y Gladis Giovana “N”, presuntos secuestradores y feminicidas de la pequeña Fátima, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, reveló que los hijos de ambos mostraron signos de abandono, perturbación y tocamientos de parte de su padre.
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De acuerdo con los exámenes practicados por la FGJ capitalina a los menores, dos niñas y un niño, Mario Alberto los obligaba a ver y hacer cosas en contra de su voluntad.
En las declaraciones hechas por Gladis a Irma Reyes, tía de su esposo y quien los denunció ante las autoridades, quedó constancia de que Mario era un hombre perturbado, pues le había pedido una niña como “novia” a cambio de no abusar sexualmente de sus hijas, lo que llevó a elegir a Fátima, pues según ella era una menor muy descuidaba por su familia.
Además, Irma mencionó que Mario tenía varios años de no visitarla, después de que su padre se suicidara en la casa donde se refugió durante cuatro días, en el municipio Isidro Fabela, en el Estado de México.
Esta pareja sentimental fue entregada por un familiar que se acercó a la Guardia Nacional para informar sobre su paradero.El pasado jueves 20 de febrero, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la Fiscalía de Víctimas se encuentra en contacto con los menores para brindarles el apoyo necesario.
“Son niños en una situación de vulnerabilidad muy importante y vamos a estar muy pendientes de ellos, para que el apoyo que necesite la familia, se le pueda brindar”, agregó.
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Por su parte, Marcelina Cruz Hernández, la abuela materna de los infantes, declaró a Milenio el 22 de febrero, que iba a iniciar un litigio ante el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para buscar la custodia de sus nietos, con el argumento central es que la familia paterna “actuó mal” al solapar a Mario, por lo que con ellos los niños podrían estar en peligro.
Asimismo, Marcelina dijo que hasta el momento no ha tenido comunicación con su hija y tampoco ha podido tener acceso a la carpeta de investigación.
Angelina Urbina, asesora jurídica de la abuela, afirmó que la línea de defensa de Giovana es que era víctima de violencia familiar, denunciada, incluso tres veces ante el Ministerio Público y que nunca le hicieron caso.
En tanto, los presuntos feminicidas solicitaron a las autoridades del Sistema Penitenciario capitalino vigilancia especial, ya que han recibido amenazas, asegurándoles que “tarde o temprano” les harán lo mismo que ellos le hicieron a Fátima.
Una fuente consultada por diario El Universal señaló que Mario Alberto recibió una agresión del resto de la comunidad penitenciaria: “la noticia llegó hasta aquí y los internos están muy molestos (...) Están en un área restringida, pero no van a estar así por mucho tiempo y ahí es donde van a empezar los problemas, porque no van a tener la vigilancia que tienen ahora”, comentó la fuente que pidió el anonimato.
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Giovana y Mario permanecerán en prisión mientras concluye el plazo ordenado por un juez del Tribunal Superior de Justicia, por lo menos cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, ello tras la imputación de los delitos de secuestro agravado y feminicidio.
Peritos especializados y agentes de la Policía de Investigación (PDI) continúan recabando pruebas, así como la búsqueda del arma homicida, el cual se trata de un cinturón que Giovana habría utilizado para estrangular a la niña.
