Gremios que aglutinan a periodistas y reporteros gráficos de Paraguay denunciaron supuestos casos de censura y hostigamientos a quienes denuncian actos de corrupción de funcionarias públicas y advirtieron que para ello se basan, presuntamente, en una “mala utilización” de una ley de protección de la mujer.
La Asociación de Reporteros Gráficos, el Sindicato de Periodistas y la Asociación de Comunicadores de Paraguay denunciaron en un comunicado “la mala utilización de la Ley 5777/16 de protección a la mujer contra toda forma de violencia como herramienta de censura a través de las medidas de protección”.
En ese sentido, los gremios de periodistas pidieron al Poder Judicial, a través de la Corte Suprema de Justicia, que emita “lineamientos u orientaciones para la correcta aplicación de la Ley, evitando discrecionalidad que acarrea arbitrariedades”.
La abogada en derechos humanos y portavoz de los denunciantes, Alejandra Peralta, explicó a EFE que, en al menos tres casos, periodistas fueron denunciados por funcionarias públicas que consiguieron medidas de protección y de alejamiento por supuesta violencia contra la mujer, después de que fuesen denunciadas o investigadas por periodistas.
“Utilizan la ley y obtienen medidas cautelares donde los periodistas ya sencillamente no pueden referirse o no pueden hablar sobre las mujeres denunciantes”, detalló.
Peralta advirtió que la disposición judicial impide que se sigan con las investigaciones o se realicen coberturas periodísticas.
Uno de esos casos mencionados es el de la periodista Mabel Portillo, quien en una cobertura sobre supuestos actos de corrupción en un municipio cuestionó a la intendenta (alcaldesa). La funcionaria, contó Peralta, obtuvo a través de la ley una medida cautelar con una restricción de acercamiento contra la periodista “por ser violentada como mujer”
Otros comunicadores afectados por la aplicación de esta normativa fueron Christian Chena, defendido por Peralta, y Alfredo Guachiré.
Peralta alertó que si una ley creada para proteger a las mujeres se usa “como vía de censura se pervierte todo el sistema y la seguridad jurídica del país”.
Esta norma, según la abogada, se la está usando como “una herramienta que finalmente avala hechos de corrupción”.
“Y la corrupción no tiene género, puede ser cometida tanto por hombres como por mujeres”, concluyó. EFE
