Parte de los opositores nicaragüenses deportados la semana pasada a Estados Unidos han iniciado ya los trámites burocráticos para acogerse a la ayuda brindada por el Gobierno español, que ha ofrecido la nacionalidad a todos ellos, en unos primeros días de exilio marcados por la confusión y por el agradecimiento por el respaldo ofrecido desde España.
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, desveló el lunes que “varios” de los 222 opositores de Nicaragua que han sido desterrados a Estados Unidos y privados de nacionalidad han aceptado la oferta del Gobierno.
El sociólogo Silvio Prado, residente en España y vicepresidente de la Asociación Nicaragua Libre, explica a Europa Press que, hasta el lunes, más de una decena de personas se habían puesto en contacto con los servicios consulares españoles para iniciar los trámites, entre ellos algunos que ya lo habrían hecho público como Oscar-René Vargas e Irving Larios. Otros, en cambio, no saben aún qué camino seguir.
“Todo esto es muy abrumador”, reconoce en declaraciones a Europa Press la activista Berta Valle, que recibió la semana pasada en Estados Unidos a su marido, el político opositor Félix Madariaga, tras más de año y medio preso. En relación a la oferta española, Valle sí admite que “es algo que se tiene que considerar”. En su caso, está establecida en Estados Unidos desde el año 2014, pero cree necesario, una vez se calmen las aguas, examinar las “implicaciones jurídicas” del “destierro” ordenado por el régimen de Daniel Ortega.
“Lo que sí puede decir es que estamos sumamente agradecidos por la solidaridad y la disposición del Gobierno de España”, enfatiza Valle, que ve en la ayuda un posible “alivio” para muchas familias nicaragüenses que deben ahora decidir su futuro.
Las autoridades de Estados Unidos han concedido a los presos exiliados un estatus humanitario vigente en principio durante dos años, pero la prensa opositora nicaragüense ha constatado que gran parte de quienes han llegado al país norteamericano carecen de familiares o contactos directos como en el caso de Madariaga. Silvio Prado coincide con Berta Valle en alabar el gesto de España, “una medida extraordinaria” a su juicio.
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El sociólogo incide en que, por una parte, “ha abierto las puertas” a personas que han quedado “en el desamparo” y, por otra, ha servido para “neutralizar” la voluntad de la “dictadura” de dejar a más de 200 personas apátridas. “Echa por tierra los propósitos de castigar a los excarcelados después de haberlos mandado al exilio”, explica Prado, que estima que varias decenas de personas pueden terminar llegando a España.
Asimismo, Prado pone en valor la “cercanía” del Gobierno de Pedro Sánchez con el pueblo nicaragüense y advierte de que tener relaciones diplomáticas con el régimen de Ortega --este mismo mes el presidente recibió las cartas credenciales de la nueva embajadora española-- no implica necesariamente “blanquear” sus abusos.
AGRUPAR A LA OPOSICIÓN
Tanto las autoridades nicaragüenses como las estadounidenses han descartado que la deportación derivase de algún tipo de negociación, pero para Prado “no fue un acto generoso, no fue voluntario” por parte del régimen de Ortega. Fue, añade, “fruto de la presión internacional”, que ha dejado claro que “la dictadura no podía ir a ningún foro internacional sin que se le demandara la liberación de los presos políticos”.
El sociólogo recuerda que la lista de presos políticos sigue sin estar a cero en Nicaragua y reclama a la oposición que una fuerzas aprovechando el hito de las liberaciones: “El enemigo común es la dictadura”.
En este sentido, espera que los antiguos presos puedan servirse de la “gran autoridad moral” que acarrean para “reagrupar a la oposición”, que “hayan salido con la lección aprendida de que hay más cosas en común que en desacuerdo dentro de los grupos de la oposición”.
