El conflicto entre el gobierno de Nicaragua y la Iglesia Católica ha alcanzado un punto crítico con las recientes declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, en las que calificó al Vaticano de “depravado y pedófilo”. Este ataque verbal llega tras la aparición televisiva del obispo exiliado Rolando Álvarez en el canal católico EWTN, donde expresó su esperanza por el futuro de su país y denunció la persecución religiosa del régimen de Daniel Ortega.

Desde las protestas de 2018, que dejaron más de 350 muertos, la relación entre el gobierno nicaragüense y la Iglesia ha sido tensa. La represión ha llevado al encarcelamiento de líderes religiosos y la expulsión de más de 50 sacerdotes y monjas, consolidando a la Iglesia como uno de los principales blancos del gobierno. En 2022, Álvarez fue arrestado y condenado a 26 años de prisión, aunque fue liberado en enero de 2024 y enviado al exilio.
El Papa Francisco ha intervenido en varias ocasiones, pidiendo diálogo y oración por Nicaragua. Sin embargo, la respuesta del régimen ha sido cada vez más agresiva, acusando a la Iglesia de conspirar contra el gobierno. Expertos consideran que esta escalada de tensiones podría generar más restricciones para los católicos en el país, incluyendo la prohibición de actividades religiosas.
Mientras tanto, la comunidad internacional observa con preocupación la situación. Organismos de derechos humanos han denunciado la persecución religiosa en Nicaragua y han exigido a la ONU y la OEA que tomen medidas contra el régimen de Ortega.
Con la relación entre Nicaragua y el Vaticano en su punto más bajo, la incertidumbre sobre el futuro de la Iglesia en el país es cada vez mayor. La reciente acusación del gobierno podría ser un nuevo capítulo en una crisis que sigue en ascenso.