El gobierno de Nicaragua, encabezado por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, ha anunciado su retiro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esta decisión surge como respuesta a un informe reciente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, el cual acusa al régimen de instaurar una “maquinaria de represión” y de cometer crímenes de lesa humanidad durante las protestas de 2018.
El informe detalla cómo las fuerzas militares y policiales, bajo órdenes directas de altos mandos, llevaron a cabo una represión violenta que resultó en más de 350 muertes, numerosos encarcelamientos y exilios forzados. Además, se señala la participación activa del Ejército en operaciones de inteligencia y en el suministro de armas a grupos paramilitares progubernamentales.
En una transmisión televisiva, Rosario Murillo calificó el informe de la ONU como “politizado e injerencista”, y anunció la “decisión soberana e irrevocable” de Nicaragua de retirarse del Consejo de Derechos Humanos y de todas las actividades relacionadas con este organismo. Murillo argumentó que permanecer en el Consejo sería ser cómplice de lo que considera una violación a la soberanía y dignidad del país.
Esta acción se suma a la creciente tensión entre Nicaragua y la comunidad internacional, que ha condenado repetidamente las violaciones a los derechos humanos y la falta de libertades democráticas en el país centroamericano. La salida del Consejo de Derechos Humanos podría aislar aún más al gobierno de Ortega en el ámbito internacional.
La comunidad internacional sigue de cerca los acontecimientos en Nicaragua, mientras diversas organizaciones de derechos humanos continúan denunciando la situación y abogando por el respeto a las libertades fundamentales y la protección de los ciudadanos nicaragüenses.
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