El presidente argentino, Javier Milei, se encuentra en el centro de una tormenta política y judicial tras su promoción de la criptomoneda $LIBRA, que resultó ser una estafa que afectó a más de 40,000 inversores, con pérdidas estimadas en 4,000 millones de dólares.
El escándalo, conocido como ‘Criptogate’, estalló cuando Milei utilizó sus redes sociales para alentar la inversión en $LIBRA, describiéndola como una oportunidad para impulsar la economía argentina. Sin embargo, poco después, el valor de la criptomoneda se desplomó, dejando a miles de pequeños inversores en la ruina.
Ante las críticas, Milei eliminó sus publicaciones y afirmó desconocer los detalles del proyecto, alegando que fue engañado. No obstante, opositores políticos han presentado denuncias penales en su contra, acusándolo de asociación ilícita y fraude.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también se pronunció sobre el asunto, calificándolo como “sumamente grave”. En una conferencia de prensa, Sheinbaum cuestionó cómo un presidente puede promover iniciativas privadas para beneficio propio, señalando un evidente conflicto de interés.
Este escándalo ha generado un intenso debate en América Latina sobre la responsabilidad de los líderes políticos en la promoción de inversiones privadas y la necesidad de una clara separación entre el poder político y económico.
Mientras las investigaciones avanzan, la oposición argentina ha solicitado un juicio político contra Milei, poniendo en entredicho su continuidad en el cargo y generando incertidumbre en el panorama político del país.
Este caso resalta la importancia de la transparencia y la ética en la gestión pública, especialmente cuando se trata de inversiones que pueden afectar a miles de ciudadanos.
