El ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, ha afirmado que el 60 por ciento de los casi 65.000 detenidos en el marco del draconiano régimen de excepción impuesto por el Gobierno de El Salvador, serán trasladados a una cárcel de máxima seguridad en Tecoluca, en el departamento de San Vicente, informó la agencia de noticias Europa Press.
“Hasta que nosotros sepamos que hemos capturado al último de los miembros de la pandilla en territorio salvadoreño no vamos a desactivar el protocolo (el régimen de excepción)”, ha indicado Villatoro durante una entrevista en un programa emitido en la cadena TCS.
Por su parte, el ministro de Defensa, René Merino, ha confirmado los números y ha indicado que “esos son los niveles” de traslado de pandilleros detenidos durante once meses al llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una cárcel que se ha construido en menos de siete meses con capacidad para 40.000 reos, según ha informado el diario salvadoreño ‘El Mundo’.
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Las fuerzas de seguridad ya trasladaron el pasado viernes a los primeros 2.000 presos hasta el nuevo penal, tal y como informó el propio presidente, Nayib Bukele, en su perfil de Twitter. Según las autoridades salvadoreñas todavía quedan cerca de 30.000 pandilleros por arrestar.
Bukele, que se presentará a la reelección en 2024, ha defendido el estado de excepción como un instrumento clave de su plan de seguridad, frente a las organizaciones defensoras de los derechos humanos que cuestionan los excesivos poderes que concede este régimen a las fuerzas de seguridad.
MÁS DE 3 MIL HABEAS CORPUS SIN RESOLVER
Por otro lado, la agencia de noticias EFE informó que La Corte Suprema de Justicia de El Salvador ha recibido más de 4.000 habeas corpus de la ciudadanía en el contexto de un régimen de excepción, aprobado en el Congreso en marzo de 2022 tras una escalada de violencia, sin que haya resuelto más de 3.500.
Así lo señaló este martes el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) en sus redes sociales.
Indicó que entre marzo de 2022 y enero de 2023 suman 4.012 solicitudes, “de las cuales el 78 % (3.518) no fueron resueltas en el periodo en mención”.
Subrayó que “la sede judicial con el mayor registro de solicitudes de habeas corpus fue la Secretaría de la Sala de lo Constitucional con un total de 3369 solicitudes durante el periodo reportado, de las cuales no resolvió ninguna hasta la fecha”.
Tras una escalada de homicidios, que se cobró la vida de más de 80 personas en marzo de 2022, el Congreso aprobó la suspensión de garantías constitucionales y, a petición del Gobierno de Nayib Bukele, ha extendido la medida en 11 ocasiones por períodos de 30 días
De acuerdo con las cifras oficiales, bajo el régimen de excepción se han detenido a más de 64.000 personas, a las que el Gobierno acusa de ser pandilleros y de las que se han liberado a más de 3.300.
Las organizaciones humanitarias salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han recibido más de 7.900 denuncias de atropellos, la mayoría por detenciones arbitrarias. Además, activistas de derechos humanos registran más de 100 muertes de detenidos.
Las autoridades atribuyen a esta medida y al Plan Control Territorial la caída de los homicidios, que según las cuentas oficiales fueron 496 en 2022, un 57 % menos que en 2021.
