A una semana de que Nicolás Maduro asuma un nuevo mandato presidencial, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) intensificó su llamado al régimen venezolano para que respete el derecho de los ciudadanos a manifestarse sin temor a represalias. Este pronunciamiento se produce en medio de una creciente tensión social y política, derivada de unas elecciones presidenciales celebradas en julio de 2024 cuya legitimidad sigue en entredicho.
La presidenta de la Misión Internacional Independiente de Investigación, Marta Valiñas, instó a las fuerzas de seguridad venezolanas a adherirse a los más estrictos estándares internacionales en el uso de la fuerza. “Toda conducta violatoria de derechos debe ser investigada de manera pronta, exhaustiva e imparcial y juzgada por tribunales independientes con pleno respeto al debido proceso”, enfatizó Valiñas.
La represión: una constante del aparato estatal
Desde las movilizaciones postelectorales, más de 2 mil 400 personas han sido detenidas, según datos oficiales. Aunque el Ministerio Público afirma que más de mil 300 detenidos ya han sido liberados, la ONG Foro Penal asegura que más de mil 800 siguen encarcelados por motivos políticos. Francisco Cox, miembro de la misión de la ONU, recordó que tanto quienes ordenan como quienes ejecutan las detenciones arbitrarias y las torturas son responsables penalmente a título individual. “El aparato represor sigue plenamente operativo”, advirtió Cox, exigiendo la liberación inmediata de los detenidos arbitrariamente.
Críticas al sistema judicial y los abusos
La misión también denunció las condiciones inhumanas en las que se encuentran cientos de prisioneros, muchos de ellos sometidos a torturas y tratos degradantes. Patricia Tappatá, experta de la misión, subrayó que “la persecución sistemática contra opositores y disidentes no solo persiste, sino que se ha intensificado”.
Entre agosto y diciembre de 2024, las autoridades detuvieron a 56 activistas opositores, 10 periodistas y un defensor de derechos humanos. La misión recordó que el Estado venezolano tiene la obligación de proteger especialmente a los detenidos vulnerables, como ancianos, personas con problemas de salud y menores de edad.
La jura ilegítima y el control del chavismo
Nicolás Maduro insiste en su derecho a tomar posesión el próximo 10 de enero, aunque los órganos oficiales controlados por el chavismo no han publicado las actas que respalden su supuesto triunfo electoral. Entretanto, el exiliado opositor Edmundo González ha reivindicado su derecho a asumir el poder, alimentando la incertidumbre y el conflicto.
En un intento por minimizar el descontento popular, el régimen de Maduro planea movilizar a miles de beneficiarios de programas sociales financiados con recursos estatales. Este esquema busca silenciar las protestas y garantizar el control en un escenario que podría marcar un punto de inflexión en la crisis política del país.
Reacciones internacionales
Mientras tanto, la comunidad internacional observa con preocupación los eventos en Venezuela. Brasil, a pesar de la controversia, ha confirmado que enviará a su embajadora a Caracas para asistir a la ceremonia de Maduro. Por su parte, la ONU reiteró su compromiso de investigar cualquier violación de derechos humanos y delitos que ocurran antes, durante y después de la toma de posesión.
La situación de Venezuela sigue siendo un desafío monumental para los defensores de la democracia y los derechos humanos. Con un aparato represor fortalecido y un régimen decidido a perpetuarse en el poder, el llamado a la comunidad internacional es más urgente que nunca: garantizar que la voz de los venezolanos sea escuchada y que los responsables de los abusos rindan cuentas.
